PP registra quiere que el Gobierno explique en el Congreso "las irregularidades en la Delegación de Violencia de Género"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido popular ha registrado una batería de 23 preguntas parlamentarias desgranando cada una de las "irregularidades registradas por el Informe hecho público la semana pasada del Tribunal de Cuentas", en el que se detectaban "múltiples deficiencias en los contratos adquiridos por la Delegación de Violencia de Género", perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En el informe del Tribunal, al que tuvo acceso Europa Press y que se ha remitido a las Cortes, se daba cuenta de las múltiples "deficiencias" descubiertas en los contratos de dicha Delegación del Gobierno durante 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como titular de Igualdad.

En declaraciones a Europa Press, la diputada del PP, Susana Camarero, quien será la encargada de defender esta batería de preguntas, ha señalado que el informe demuestra que en "prácticamente todas las actuaciones" desarrolladas por el Ministerio de Igualdad se han cometido irregularidades.

"Éstas pasan desde el fraccionamiento de pagos, hasta la falta de justificación de determinados contratos, la falta de transparencia, la tramitación de urgencia como norma general, o la discrecionalidad en la contratación", ha detallado.

Es más, ha concretado que estas deficiencias afectan a "toda la gestión" que ha desarrollado el Gobierno en materia de violencia de género. "Ante estas irregularidades y esta denuncia del tribunal de cuentas queremos saber qué va a hacer el Gobierno, si va a depurar responsabilidades políticas, porque se mantiene el mismo delegado del Gobierno para la violencia de género desde entonces y la ministra que firmaba los contratos es ahora secretaria de estado del ministerio", ha añadido.

DETALLE EN IRREGULARIDADES

Entre otras "irregularidades", Camarero ha citado a la tramitación de emergencia para un contrato de publicidad de cinco millones y medio de euros, a su juicio, un incumplimiento de la Ley de Contratos de sector público; la fracción de los contratos como forma generalizada para conseguir el máximo importe posible; o "dar subvenciones a determinadas empresas amigas", en su opinión no hay objetividad en la concesión de los mismos, entre otras.

Concretamente, entre las preguntas registradas, a las que tuvo acceso Europa Press, el PP cuestiona al Ejecutivo sobre cuál es su opinión ante las "numerosas incidencias" descubiertas por el Tribunal de Cuentas en su informe.

Además, desea conocer cuáles son los motivos por los que, según el Tribunal de Cuentas, los órganos de contratación de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, no utilizan el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación, cuando es el procedimiento ordinario de adjudicación en la administración.

"¿Considera el Gobierno que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ha cumplido con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, exigibles en todo procedimiento de contratación pública?", agrega.

Igualmente, quiere saber las causas por las que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género adjudicó el 90 por ciento de los contratos realizados con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género durante el año 2008, como contratos menores realizados por el importe máximo permitido y aprobados el mismo día de la celebración de los actos.

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de cosas, el informe del Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.

En este sentido, el PP solicita una explicación al Gobierno de por qué este órgano no celebró durante 2008 y 2009 el número mínimo de reuniones establecidas.

MÁS PETICIONES PARA ENCONTRAR UNA EXPLICACIÓN

Además, la pasada semana el Partido Popular exigió la comparecencia urgente en el Congreso de la actual ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para que explique las "irregularidades" detectadas por el Tribunal de Cuentas en los contratos de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género.

Por su parte, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha defendido que "no se ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos" estos procedimientos "están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público".

En un comunicado, explica que el Tribunal de Cuentas en su informe "no hace ninguna petición de responsabilidades", sino "una serie de recomendaciones técnicas y administrativas, atendiendo al volumen de trabajo que soporta y la urgencia de las actuaciones que deben llevarse a cabo en la lucha contra la violencia de género".