ELA exige que no se privatice la vigilancia de las cárceles y advierte de que puede ser "un precedente muy peligroso"

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha exigido a los gobiernos vasco y navarro que "no se materialice la privatización" de la vigilancia en las prisiones y ha advertido de que esta medida puede ser "un precedente muy peligroso".

En un comunicado, el sindicado ha indicado que el Gobierno central "baraja la privatización de la vigilancia exterior de las prisiones, e incluso la vigilancia en el traslado y custodia de los internos".

Según ha informado, esta posibilidad "se hizo pública en el Consejo de la Guardia Civil, órgano en el que está presente el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad, donde, según los participantes, se les comunicó la posibilidad de llevar a cabo este cambio, con la excusa de poder disponer así de más efectivos en la calle y de dar salida a los escoltas del País Vasco".

ELA ha denunciado que sería una privatización de un servicio "exclusivamente público y puede suponer un precedente muy peligroso, porque custodia y traslados pueden venir después, e, incluso, podrían plantearse ocupar rastrillos interiores o controles de vigilancia interiores".

El sindicato se ha manifestado "totalmente contrario" a dicha medida, que en el País Vasco y Navarra tendría incidencia en los centros penitenciarios de Zaballa, Martutene, Basauri y Pamplona.

A su entender, "sería una medida que atentaría contra la propia normativa (Artículo 63 del Reglamento Penitenciario), teniendo efectos tales como la sustitución del personal de la Ertzaintza en lo correspondiente a centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca".

Asimismo, ha advertido de que, de ponerse en practica esta medida, "supondría además una merma desde el plano de seguridad del personal que trabaja en estos centros, así como de los propios internos".

ELA ha subrayado, asimismo, "la relación entre objetivos de privatización de lo público y empresas privadas de seguridad, para garantizar a estas el mantenimiento de sus cuotas de negocio, utilizando en este caso para ello al propio personal del colectivo de escoltas a quienes quieren utilizar como excusa para abrir esta nueva vía de privatización de servicios públicos, generándoles este tipo de expectativas para eludir las empresas de seguridad su responsabilidad en el reciclaje y reubicación, además de que no supondrá ahorro para la ciudadanía".

Por todo ello, ELA ha exigido a los responsables de Interior de Euskadi y Navarra "un posicionamiento claro", así como "un compromiso de que esto no se va a llevar a cabo en los centros penitenciarios de Hego Euskalerria".