Memoria.- Armhex dice que la inhibición de Garzón rompe la "unidad" del proceso judicial, cuyo futuro queda "incierto"

MÉRIDA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) consideró hoy que la decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa del franquismo y remitirla a los juzgados territoriales significa la "ruptura de la unidad del proceso judicial iniciado, que se diluirá ahora en un cúmulo de causas de futuro incierto".

La asociación extremeño apostilla que, no obstante, el juez Garzón ratifica en su auto "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".

En nota de prensa remitida a Europa Press, Armhex añade que también mantiene Garzón que en este tema "no hay prescripción" y recomienda la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone --añade el comunicado-- crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

Agrega Armhex sobre el auto de Baltasar Garzón que para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen". Para Armhex "trasladar ahora las actuaciones a los diferentes juzgados territoriales, no augura nada bueno y ofrecer el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso a todos los juzgados implicados supone prácticamente dejar el proyecto y el comité, en una vía muerta".

VERDAD JUDICIAL E "HISTÓRICA"

Sostiene esta asociación extremeña que la "imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en sede judicial en la Audiencia Nacional en Madrid una oficina o censo nacional de desaparecidos, rompe el camino abierto con las resoluciones judiciales anteriores del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

No obstante, advierte Armhex, que "la lucha por la memoria seguirá, aunque por el momento haya encallado el intento de constituir con un criterio unificado y con un proceso coordinado, por fin, una verdad judicial a la altura de la verdad histórica".

"Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente, con la Ley 52/2007, o con la anterior, como aquella que hizo posible las primeras exhumaciones de cientos de fosas --por toda España-- durante los primeros años de ayuntamientos democráticos (1979-1981), o las más recientes que se llevan a cabo en Extremadura, en virtud del Proyecto autonómico de recuperación de la memoria histórica (Llerena, Talarrubias, Pozuelo de Zarzón, etcétera)", sentencia Arhmex.

La asociación lanza también "un mensaje de tranquilidad a los familiares de las víctimas extremeñas", puesto que seguirán "potenciando al máximo el que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, muchos aún en fosas comunes, y que se aumenten, las medidas e instrumentos para que la administración pública, en especial la Junta de Extremadura, facilite como viene haciendo, a los interesados, las tareas de localización, y, en su caso, identificación de los desaparecidos".