MÉRIDA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guadia Civil han imputado a un vecino de Mérida acusado de una falsa denuncia, en la que aseguraba que había perdido a sus tres galgos en el campo, para evitar un delito de caza ilegal.
Según explica la Guardia Civil en nota de prensa, el suceso tuvo lugar en la tarde del pasado 12 de febrero en un coto de caza del término municipal de Badajoz, cuando los agentes observaron desde la distancia a varias personas cazando con galgos, quienes al percatarse de la presencia de los agentes, "huyen del lugar abandonando a tres perros raza galgo y una pieza de caza muerta, una liebre".
Al recuperar a estos tres animales, se les pasa el lector de microchips a los galgos por lo que fue identificado el propietario, una persona a la que los guardia civiles reconocen a la misma que ese día en el coto de caza "fue preguntada si era el propietario de los animales, a lo que contestó de forma negativa, alegando que sólo daba un paseo por la zona".
Los agentes continúan con las investigaciones y descubren que "momentos después de ser sorprendido cazando y dejar en el lugar a los perros", esta persona acudió al Cuartel de la Guardia Civil de Mérida para denunciar la pérdida de sus perros.
Una denuncia que "fue sin duda formulada con la intención de eludir su responsabilidad en la acción ilegal de caza", explica la Guardia Civil.
Entonces los agentes han detenido al propietario de los perros, como presunto autor de un delito contra la fauna, por "cazar en coto sin permiso de su titular", y por otro delito de denuncia falsa e "incluso se estudia si tiene alguna responsabilidad, aunque sea administrativa, por el abandono de los animales en el campo".
Explica la Guardia Civil que desde diciembre de 2010, es de "estricto cumplimiento" el Decreto 245/09, por el que se regula la identificación, registro y pasaporte de animales de compañía en Extremadura, en el cual se establece la "obligatoriedad de marcar con la identificación electrónica, el microchip, a todos los perros antes del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o como mucho un mes después de su adquisición".
Esta obligatoriedad "ayuda a los agentes a conocer el propietario de los animales de un forma rápida" y de hecho explica que en este caso, "las investigaciones se iniciaron con lo que se creía un robo, aunque más tarde se supo de la falsedad de la denuncia".
Las diligencias realizadas contra este hombre fueron remitidas a la autoridad judicial.