La Ley de Presupuestos de Extremadura para 2012 entra este miércoles en vigor con su publicación en el DOE

MÉRIDA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles, día 25, la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2012.

De este modo, la ley de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, firmada por el presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, entra en vigor este mismo miércoles.

Según la exposición de motivos de los presupuestos publicada en el DOE, y que recoge Europa Press, entre los principios o criterios prioritarios sobre los que se ha elaborado el documento presupuestario se encuentra el de garantizar el mantenimiento de las políticas de gasto social, "destinando los recursos necesarios para garantizar los servicios de sanidad y dependencia social".

Asimismo, las cuentas para 2012 buscan garantizar los recursos necesarios destinados a educación, "potenciando la formación profesional e impulsando una política universitaria de calidad".

De igual modo, pretenden impulsar políticas activas en el mercado de trabajo que garanticen el apoyo al empleo, a la competitividad empresarial y la innovación.

Para ello, se priorizará el destino de los recursos hacia políticas que permitan dar respuesta a la crisis económica, que minimicen su impacto sobre el empleo y faciliten la formación y adaptación de los desempleados a la situación económica actual.

Todo ello se aplicará dentro del nuevo Plan de Empleo, Empresas y Emprendedores, que "responde al compromiso del Ejecutivo regional de dar prioridad a la creación de empleo en la región, al tiempo que pretende transformar el modelo productivo de la comunidad autónoma", reza el presupuesto.

El documento trata además de implantar una política presupuestaria "realista", que optimice los recursos públicos sobre la base de una "buena" gestión presupuestaria y control del gasto.

En este sentido, dentro de la política de austeridad que lleva a cabo el Gobierno extremeño, se ha reducido en un 75 por ciento los gastos de protocolo y recepciones oficiales, y en un 50 por ciento los gastos en estudios y trabajos técnicos, los gastos jurídicos externos, los de representación y dietas de viajes y aquellos destinados a publicaciones y suscripciones periódicas.

Han experimentado también una reducción "importante" los gastos de arrendamiento de sedes administrativas y comunicaciones telefónicas, y se han eliminado partidas "opacas" que se utilizaban de forma "residual" bajo el epígrafe de "Otros gastos".