MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF y Seo BirdLife han pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, durante la reunión que han mantenido este martes en la sede del ministerio, que desarrolle una política forestal a nivel estatal que tenga como pilar fundamental el desarrollo rural y ponga en valor los montes, de forma que también se genere empleo y que lo haga con fondos de la Unión Europea, concretamente de la Política Agraria Comunitaria.
"No se trata tanto de extinguir los incendios, que se hace bastante bien en España, ni de limpiar los montes en invierno, sino de crear toda una economía alrededor de los montes con una política forestal que permita que la gente viva del monte, que tenga valor", ha explicado a Europa Press el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, al tiempo que ha apuntado que el ministro ha empezado a ver que es "imprescindible".
Concretamente, en materia de prevención de incendios, los grupos ecologistas han indicado que la respuesta del ministro ante esta cuestión ha sido que no se ha invertido más porque el coste de la gestión forestal es muy elevado" y porque "ahora mismo no hay dinero".
Sin embargo, los grupos le han alertado de que los incendios del año 2013 "se empiezan a pagar en los presupuestos que se van a aprobar ahora tanto a nivel autonómico como del Estado". "Aunque es de las pocas partidas que no ha sufrido recortes, 104 millones nos parece manifiestamente insuficiente dada la magnitud del problema", ha subrayado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez.
Según ha añadido el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Ministerio les ha facilitado los últimos datos de cerca de las 200.000 hectáreas quemadas y ha señalado que le han transmitido a Arias Cañete que "donde sí pueden hacer más cosas es en prevención y fomento de un desarrollo rural integrado en el territorio con cuidado de los montes".
CHOQUE EN LA LEY DE COSTAS Y ACUERDO EN EL ALGARROBICO
Durante las más de dos horas que se ha prolongado la reunión, según han apuntado los ecologistas, han encontrado un "absoluto desacuerdo" en el proyecto de ley sobre la reforma de la Ley de Costas. Los ecologistas han trasladado al ministro su "discrepancia" empezando por el título de la norma --Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988-- pues consideran que "va a generar todo lo contrario a lo que dice".
"Están hablando de conseguir más seguridad jurídica, protección del litoral, pero pensamos que se va a conseguir lo contrario, porque se incluyen un montón de excepciones, no se definen claramente los criterios y eso va a generar una tremenda inseguridad jurídica", ha apuntado Segura, poniendo por caso los "deslindes a la carta en zonas como Formentera".
Además, según ha indicado Rodríguez, le han advertido de que esta ley les parece "una patada hacia delante" pues "proyecta la problemática a 75 años, es decir, tres generaciones" y "no soluciona el problema" sino que "da al traste con muchas décadas en las que España tuvo una política muy avanzada de gestión costera que ha pagado la mala aplicación por la administración pública y el abuso de las comunidades autónomas en materia urbanística". En cualquier caso, según ha apuntado Segura, les han adelantado que es una ley que va a tener "una tramitación larga" y que habrá que esperar casi hasta el verano para que se apruebe definitivamente.
Además, el director de WWF, ha añadido que le han dejado claro al ministro que van a "pelear durante todo el tramite parlamentario para intentar que la ley no se reforme o al menos para minimizar los daños" porque, según ha remarcado, "es una ley que no protege la costa y que está hecha mirando intereses privados más que el interés general".
Por otro lado, han salido de la reunión esperanzados acerca de la demolición del Algarrobico pues, según han explicado, Arias Cañete les ha informado de que están esperando a que se dicte la última sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la licencia tras lo cual se tendrá que decidir quién es el responsable de demolerlo, si la constructora AFAPA o la administración. En este último caso, se derribaría con el presupuesto de más de 7 millones de euros que sería, según ha añadido Segura, "previsiblemente compartido por la Junta de Andalucía y el Ministerio". En cualquier caso, han constatado un "compromiso" por parte del ministro.
Del Olmo ha apuntado que también han tratado el tema de una Ley de Parques Nacionales y le han indicado que entenderían una norma que diera "mayor coherencia" a la red de parques nacionales pero que están "totalmente en contra de que sea una ley que permita que de forma encubierta se cace en los Parques Nacionales" ya que en el borrador de ley se plantea la posibilidad de cazar para el control de poblaciones.
Para controlar las poblaciones, los ecologistas proponen hacerlo bajo un estricto control científico pero no mediante la caza.
PRÓXIMA LEY DE MONTES
Además, según ha precisado Segura, los cinco grupos ecologistas también han hablado sobre otras futuras leyes, como la reforma de la Ley de Montes de la que les han indicado que habrá un borrador la próxima semana, y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de la que, según apunta, previsiblemente habrá un borrador en uno o dos meses. Asimismo, han hablado sobre la normativa de prevención y control integrado de la contaminación para ajustarla a una nueva directiva europea y de la modificación "con relativa urgencia" de la normativa de evaluación de impacto ambiental.
Esta tarde, los grupos ecologistas se reunirán con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para hacer un balance del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que ha presentado. Así, según ha adelantado Segura, le van a mostrar su "acuerdo" en poner el énfasis "no en la construcción de infraestructuras sino en la gestión, mejora de servicios y movilidad sostenible". No obstante, también le van a revelar su "oposición" ante los listados de autovías y líneas de alta velocidad que recoge el plan pues, a su juicio, "no se justifican ni desde el punto de vista del transporte ni desde el punto de vista ambiental".