UU.AA. denuncia que la reforma eléctrica "pone en riesgo" de cierre "todo parque" que no sea de grandes eólicas

Censura el impacto que tendrá para el sector forestal como la caída de precios de la madera, así como en rentas de propietarios de terrenos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha denunciado este lunes que la reforma eléctrica va a tener "duras consecuencias" para los sectores rurales y eólico en Galicia, de forma que "pone en riesgo" de desaparecer a "todos los parques que no sean de las grandes eléctricas".

En detalle, el sindicato ha cifrado que de un total de 150 parques eólicos instalados --con una potencia de 3.318 megavatios--, 80 de ellos --que suman 1.670 megavatios-- continuarán con primas (los instalados a partir de 2004); mientras que los 70 parques anteriores que suman 1.647 megavatios se quedan sin primas. Así, estos últimos son los más amenazados de quiebra financiera al no poder devolver los créditos bancarios por la pérdida de rentabilidad.

En rueda de prensa en Santiago, el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, experto en parques eólicos ligado a Unións Agrarias, ha augurado que "desaparecerán todos aquellos promotores pequeños que no tengan ningún apoyo para renegociar" su deuda, tras la publicación el pasado 20 de junio en el BOE de la orden de parámetros de retribución a renovables, último paso de la reforma eléctrica.

Sobre esta cuestión, se ha referido a la problemática que se abre de que dueños de parques busquen renegociar sus contratos de arrendamiento de terrenos con los propietarios de los mismos. Ante ello, el sindicato ha avisado de que asesorará jurídicamente a todos los propietarios de terrenos para salvaguardar sus intereses, puesto que "no son precisamente la mayor amenaza para la viabilidad económica" de los parques, debido a que, "únicamente, suponen el 1,5 por ciento de los costes de funcionamiento de los parques".

En este sentido, Diéguez ha censurado que esta reforma supone "el entierro" del último concurso eólico de la Xunta, ya que los nuevos parques que se autoricen "deberán pasar todos" por el Ministerio de Industria, "en concurrencia competitiva" en el conjunto del Estado, "no dependiendo ya las autorizaciones del marco de las comunidades autónomas".

A este respecto, el secretario de Desenvolvemento Rural del sindicato, Jacobo Feijoo, ha censurado la "inseguridad jurídica" que se vive en España en el marco del sector eléctrico, tras reformas con las que "ni se consiguió abaratar el recibo eléctrico ni para empresas ni para familias".

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

En lo tocante a energías como la fotovoltaica, UU.AA. también ha advertido de que Galicia cuenta con pequeñas plantas en manos de 69 productores --con 15 megavatios de potencia-- que "están abocados al impago de las instalaciones".

Una cuestión que "afecta igualmente" a la retribución de 116 centrales minihidráulicas, tres centrales de biomasa, cuatro centrales de biogás y tres centrales de generación eléctrica a partir de residuos. Y es que el sindicato detecta que, "fundamentalmente, Sogama ya le subió la factura a los ayuntamientos para compensar la reforma eléctrica".

PROBLEMAS FORESTALES Y "CHATARRA"

En esta línea, UU.AA. censura que la eliminación de primas a la cogeneración "supone un duro varapalo" para la industria forestal que transforma en Galicia la madera de pino --como aserraderos--, después de que su precio haya caído "un 30 por ciento" en los últimos cuatro años. En esta línea, augura un nuevo descenso en el precio del eucalipto después de una caída del "10 por ciento" en los últimos meses.

Además, José Antonio Diéguez ha apuntado la problemática de un futuro marcado por las quiebras, con una falta de pagos generalizados a propietarios de terrenos alquilados para parques eólicos, a lo que se unirá la "presencia de chatarra" abandonada en los montes.

Por todo ello, UU.AA. exigen al Gobierno una vuelta al marco de la UE en la retribución de energías renovables, al tiempo que reclama que "no se aboque al paro" a cientos de trabajadores del sector que "no podrán competir con los altos costes energéticos", "ni que se afecte negativamente al sector forestal y agroalimentario".