MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de estudiantes, padres y trabajadores de la enseñanza, que integran la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, se manifestarán el próximo jueves 7 de febrero en todas las provincias españolas para pedir al Gobierno la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
La marcha, cuyo trayecto en Madrid irá desde Neptuno a Sol, se enmarca en la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes en todas las comunidades autónomas, del 4 al 9 de febrero. Los días 5, 6 y 7 los alumnos de Secundaria de 1.150 centros están llamados a la huelga y el 6, a las 12.00 horas, a "más de cien" manifestaciones, que en Madrid recorrerá el centro de la ciudad, desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, quién ha celebrado en una rueda de prensa el "respaldo" de profesores y padres a las movilizaciones de la semana que viene --no a la huelga--, ha reiterado su petición de retirada de la "contrarreforma" educativa y ha avisado de que los jóvenes españoles "no van a dejar de salir a la calle hasta que no dimita el ministro peor valorado".
También ha advertido de que si el día 9 el Gobierno no ha hecho caso a sus peticiones, la organización que dirige coordinará una respuesta "más contundente", uniéndose a los estudiantes universitarios. Delgado ha lamentado que el Gobierno del PP "pida sacrificios" a la sociedad y a la educación pública "mientras sus miembros se llevaban sobres de entre 5.000 y 15.000 euros", en alusión al caso Bárcenas.
2.534 DOCENTES DE BACHILLERATO MENOS
Por su parte, el nuevo secretario general de FE-CC.OO, Francisco García, ha manifestado su respaldo a las acciones de protesta del Sindicato de Estudiantes, al tiempo que ha asegurado que la LOMCE va a "empeorar" los problemas del sistema educativo y ha criticado el impacto sobre el profesorado de la implantación de la reforma, que, según ha dicho, se va a llevar por delante "2.534 docentes" de Bachillerato.
García, que ha relacionado el borrador normativo con el sistema educativo vigente en la Comunidad de Madrid, ha advertido de que se trata de la primera vez que en una memoria económica de una ley se dice que "va a costar menos porque se va a despedir a profesores". "Lo que quieren es menos educación para todos", ha lamentado este portavoz, para añadir que se deberían emplear los 229 millones de la implantación de los dos itinerarios en 3º y 4º de la ESO para contratar a 8.000 profesores.
Por su parte, la portavoz de FETE-UGT Charo López ha afirmado que "sobran los motivos" para manifestarse contra las "nefastas" medidas educativas y contra el ministro. También ha recordado que la memoria económica de la ley se hace sobre "estimaciones falsas", aludiendo a los recortes que ya se han producido en el sistema educativo en el último año, y ha pedido al Gobierno que imite a Francia, que la semana pasada anunció la contratación de 60.000 profesores. "Que se invierta en docentes, en recursos y en bajar las ratios", ha subrayado López.
Felix García de CGT ha destacado que la futura ley favorece la "desigualdad" y la "exclusión social" y ha advertido de que el modelo económico que persigue el Gobierno es como el que se aplica desde hace años en la Comunidad de Madrid, que "no apoya el centro de I+D de Getafe y sí Eurovegas". A su juicio, la reforma se basa en la degradación de las condiciones del profesorado y apoya a la escuela privada-concertada. "El Gobierno es el Robin Hood de los ricos", ha apostillado.
Desde la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), su presidente, Jesús Sánchez, que en esta ocasión no va a secundar la huelga de estudiantes como hizo el pasado mes de octubre, sí ha reiterado su apoyo a las protestas y manifestaciones convocadas para la semana que viene. Sánchez critica que, con la reforma, el ministerio haya favorecido a la Iglesia Católica frente a otros colectivos con la introducción de una asignatura alternativa a la Religión. "El Gobierno dedica más dinero a la Iglesia que a la ciencia", ha aseverado.