(AMP) El Valedor se queja de instituciones "recalcitrantes" que no contestan y señala a Vigo, Sarria y Educación

Advierte de la "saturación" y pide un refuerzo para la defensoría gallega, que atendió un 27,8% de personas en 2014

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El valedor do Pobo, José Julio Fernández, se ha quejado de que, cada año, hay instituciones "recalcitrantes" que no contestan a la información requerida por el alto comisionado parlamentario y ha señalado a los ayuntamientos de Vigo y de Sarria entre las instituciones "'lentas'" en la remisión de informe, es decir, a las que hay que pedirle la información más de dos veces.

Concretamente, en esta categoría de administraciones "lentas", José Julio Fernández también ha apuntado a la Consellería de Educación, sobre la que ha dicho que no llegó a haber advertencias, pero sí "reiteraciones" de peticiones de información.

"Por desgracia, aunque en líneas generales colaboran con nosotros de forma eficiente y en general, todos los años hay alguno recalcitrante, por decirlo en román paladino", ha indicado en referencia a los ayuntamientos, entre los que ha mencionado a Vigo y Sarria.

José Julio Fernández ha considerado que se trata de un "problema disfuncional" que se podría resolver con un cambio interno, y ha añadido que, ante la segunda advertencia de la defensoría gallega, en la que ya se incluye la amenaza del código penal, todas las instituciones acaban respondiendo.

El Valedor do Pobo ha presentado este miércoles su informe ordinario anual, en el que se ha registrado el año 2014 un total de 24.149 personas que reclamaron sus derechos, lo que significa un 27,8 por ciento más. Sin embargo, los asuntos tratados, una suma de 2.310, han supuesto un descenso del 15,8 por ciento frente a 2013.

Además, según ha destacado en rueda de prensa, el 91,2 por ciento de las quejas admitidas a trámite en el año 2014 fueron concluidas antes de finalizar el año. El informe ordinario se suma a la actividad de oficio y extraordinaria que realiza el Valedor.

"Un hito sin precedentes de agilidad", ha subrayado el valedor do Pobo, José Julio Fernández, quien ha entregado este miércoles a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, el informe ordinario, listo para su elevación a la Comisión de Peticións de la Cámara autonómica.

QUEJAS POR ÁREAS

Por áreas, la de empleo público, con 361 asuntos, es la más numerosa, seguida de los servicios sociales, con 331; las corporaciones locales, con 246; la educación, con 230; y el urbanismo y vivienda, con 181.

De la actividad desarrollada en 2014 se han derivado más recomendaciones a instituciones, un 19 por ciento más al pasar de 131 a 156 en 2014; y se han aumentado las sugerencias en un 73 por ciento, siendo 26 en 2014. Los recordatorios, sin embargo, descendieron un 54 por ciento.

El nivel de aceptación ha sido menor que en 2013, un 5 por ciento menos, lo cual el alto comisionado parlamentario ha achacado, singularmente, a una "discrepancia" en la tramitación de la Risga. Para el valedor, el silencio administrativo, superados los tres meses, debería significar la aceptación de la solicitud, lo cual no considera así la Consellería de Traballo e Benestar.

En el ámbito de las actuaciones a propia iniciativa, se sitúan 37 quejas de oficio y cinco informes extraordinarios iniciados: transparencia y buen gobierno, derechos de las personas, atención sociosanitaria de personas con enfermedad mental, derechos de las personas con diversidad funcional, urgencias hospitalarias (en colaboración con el resto de defensores) y los derechos del colectivo LGBTI.

DEFENSA DEL IDIOMA

En cuanto a la cuestión lingüística, el valedor ha constatado que las últimas estadísticas oficiales dibujan una "paradoja": Mientras que el conocimiento del gallego "parece estar garantizado", "no se corresponde con la utilización en las relaciones interpersonales, en el ámbito privado, en las tecnologías y en los núcleos familiares".

A este respecto, el Valedor muestra su compromiso y remarca la necesidad de que "es tarea de todos implicarse en la extensión del uso del idioma en todos los escenarios", ya que sólo así se podrá "garantizar su dinamismo y actualización". De esta manera, insta a los poderes públicos a "responsabilizarse" para que el idioma sea "empleado en todos los ámbitos".

"Proteger y defender la lengua gallega, no hay otra opción", ha defendido José Julio Fernández en la rueda de prensa, en la que se hizo eco del "escenario negativo" del idioma y la necesidad de que se impulsen medidas para fomentar su uso en el ámbito familiar, nuevas tecnologías y en las empresa, para lo que aboga por firmar convenios.

INSTITUCIÓN "SATURADA"

Durante su intervención inicial, el valedor do Pobo ya se quejó de que intentó "sin éxito aumentar el personal" de la institución, con 20 personas trabajando. A preguntas de los periodistas, ha especificado que, por ejemplo, ahora tiene un área más que abordar, el colectivo de LGBTI, que viene dada por la ley aprobada en el Parlamento gallego esta legislatura.

"Estamos saturados", ha lamentado José Julio Fernández, quien ha advertido que la necesidad de reiterar peticiones de información a las administraciones también provoca la "pérdida de tiempo y dinero", que la institución "no tiene".

Sobre su situación de interinidad, ha remitido de nuevo a los grupos parlamentarios, toda vez que la renovación de su puesto depende de la Cámara, pero ha manifestado que a los ciudadanos no dejará de atenderlos por el hecho de ejercer en funciones, ya que lo que demandan es que se "resuelvan sus problemas". Así, ha comprometido todos sus "esfuerzos" hasta "el último día".

RIBEIRA SACRA

Al margen de estas cuestiones, el Valedor do Pobo también es promotor de la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad y, según ha informado, en unos "10 o 15 días" tendrá culminado el informe técnico.

Una vez hecho esto, se remitirá a la Consellería de Cultura e Educación, para la incoación del expediente como bien de interés cultural (BIC) y para que se remita al Ministerio análogo con el fin de que se tramite esta petición en la que están involucrados varios municipios y las diputaciones de Lugo y Ourense.