Anticorrupción pide tres años de prisión para Gayoso y otros cuatro exdirectivos

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Cuatro de los acusados cobraron pensiones por un importe de 18,9 millones con la cooperación de Fernández Gayoso y un asesor externo

   MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.

   El Ministerio Público considera autores del delito al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.

   Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

   En su escrito provisional de acusación, Anticorrupción precisa que tres de estos cuatro altos directivos --Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán-- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia,  "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

   Las dos fiscales detallan que los contratos fueron renovados, no sólo con mejoras salariales, sino "también con el reconocimiento de compromisos por pensiones, que, para el caso de que ejercitaran la facultad de desistimiento, podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

   Para ejecutar su propósito contaron con la colaboración de Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, cargo que conservó como copresidente de Novacaixagalicia, quien, como máximo gestor de la entidad, "le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de sus intereses ya que presidía, no sólo el Consejo de Administración, sino también, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos".

   En el 'Pacto Laboral de Fusión', la caja fue asesorada por el especialista en derecho laboral Ricardo Pradas, experto en derecho laboral y asesor externo quien, a petición del presidente redactó, "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban", las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos hasta el momento señalados.

LO OCULTARON A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS

    Las modificaciones incorporadas a los contratos fueron ocultadas primero a la Comisión de Retribuciones, en la sesión del de 18 de octubre de 2010 y después al Consejo de Administración que se reunió el mismo día. A propuesta de Fernández Gayoso se acordó, además que el anterior director general de Caixa Galicia, Francisco Javier García de Paredes Moro, nombrado director general adjunto ejecutivo de la nueva entidad fusionada, suscribiera un contrato "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

   Para culminar sus objetivos, en agosto de 2011 Fernández Gayoso convocó un nuevo Consejo de Administración en el que el asesor Pradas presentó la información sobre las condiciones de los contratos "de manera abstracta, sin identificar de qué directivos se trataba, sin cuantificar las indemnizaciones, sin especificar la cuantía que podría representar para la entidad el real ejercicio de la facultad de renuncia, ni las probabilidades de que los directivos hicieran uso de ella".

   Las liquidaciones por jubilación, los conceptos y los importes concretos a abonar no fueron debidamente conocidos ni autorizados por el Consejo de Administración de la caja fusionada "hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España." Además, las liquidaciones se practicaron infringiéndose deliberadamente las limitaciones asumidas por Novacaixagalicia frente al FROB en materia de indemnizaciones, dicen las fiscales.