Garantías pide documentación de la consulta sobre Quinteiro y el Consello la remite para tener luz verde

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

   El Consello das Mareas ha remitido en la tarde de este viernes la documentación que la Comisión de Garantías requirió sobre la consulta que aprobó realizar para que los inscritos de En Marea se pronuncien sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local el pasado 18 de marzo durante un control nocturno.

   En un comunicado, explica que el Consello das Mareas ya recibió "confirmación" de que la documentación pedida se envió de forma correcta al órgano de control interno, cumpliendo así "las exigencias" fijadas por la Comisión de Garantías para la realización de la consulta interna que el máximo órgano de decisión entre asambleas aprobó realizar el pasado 28 de abril.

   La Comisión de control interno había solicitado posponer la consulta hasta poder emitir un dictamen sobre las garantías del procedimiento, después de que dos integrantes del comité electoral creado para la organización de la consulta interna, Sara Outeiral y Pedro 'Peyo' Rivera --próximos a Quinteiro--, presentaron una reclamación por el desarrollo de la consulta.

   En ella, estos dos integrantes alegaban falta de garantías para desarrollar este proceso, con el que el líder de En Marea, Luís Villares, amenazó hace ya un mes, después de pedirle a la parlamentaria que dimitiese y que no lo haya hecho.

   La Comisión de Garantías pedía al Consello das Mareas en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que "certificase" los acuerdos tomados en la reunión del pasado 28 de abril, en la que se acordó la convocatoria de la consulta --sin fecha-- y se creó un comité electoral para ello.

   Así, Garantías solicitaba esa certificación y "las motivaciones" por las cuales se pretende realizar la consulta expuestas en la reunión del pasado 28 de abril, una petición que instaba a que se cumpliese, "de ser posible", antes del próximo lunes 14 de mayo a las 12,00 horas, con el fin de "no dilatar más los plazos de este proceso". El Consello das Mareas ya cumplió con este trámite, tal y como ha informado.

Una vez completada esta petición, y pendientes del informe de Garantías, el siguiente paso será, si procede, la aprobación por parte del Consello das Mareas del reglamento electoral para la consulta.

SOLICITÓ POSPONER LA CONSULTA

   La Comisión de Garantías argumentó que la petición de esta documentación tenía como objetivo que "todo el procedimiento con respecto a la consulta se haga de manera transparente", garantizando las normativas internas y los derechos de la persona afectada.

   Una vez recibida la certificación, la comisión tiene que responder a las reclamaciones presentadas por los dos miembros del comité electoral a los que también pidió que "motivasen más detalladamente esa falta de garantías que exponen en sus escritos" con respecto al acuerdo del Consello das Mareas.

   Es por ello que la Comisión de Garantías solicitó que se pospusiese "cualquier otro trámite relacionado con la consulta" hasta que se conteste de forma íntegra a las reclamaciones formuladas.

   Con todo, en un informe previo que se sometió a evaluación del Consello das Mareas del pasado 28 de abril y con el cual se decidió realizar la consulta, la Comisión de Garantías avaló la legalidad de una consulta interna, pero con la precisión de que no podía ser vinculante.

   Precisamente en un acto en Lugo este viernes y preguntado por esta cuestión, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que la fecha de la consulta "se anunciará la semana que viene por parte de la Coordinadora".

COMITÉ ELECTORAL RECUSACIÓN

   Por otro lado, y ante la petición de recusación que también han hecho estos dos integrantes contra otros miembros del comité electoral por haber hecho "campaña públicamente por una de las dos opciones de la hipotética consulta", Garantías subraya en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que "no se sostiene en ningún precepto estatuario o legal" y "carece del mínimo sustento para proceder a la remoción de los miembros" de ese comité.

   De hecho, agrega que se usa "impropiamente el concepto de campaña pública", puesto que manifestar una eventual opinión personal, incluso en las redes sociales, "no significa hacer campaña en un sentido técnico". Además, agrega que se habla de una "hipotética" consulta, con lo cual "no se puede hacer campaña para algo que no existe aún".

   A ello, en el escrito, la Comisión de Garantías agrega que la recusación pretendida "supondría una vulneración del derecho a la libertad de expresión y del pluralismo que debe caracterizar el funcionamiento democrático" de un partido político.