SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Down Compostela ha demandado este miércoles a la Xunta unas oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual, algo que ya se ha hecho a nivel de Estado y también en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.
En declaraciones a los medios antes de reunirse con el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, el presidente de Down Compostela, Juan Martínez, ha justificado su petición en que el desempleo en las personas con discapacidad oscila entre "el 75 y el 80 por ciento". "Bastante más que la población en general", ha incidido.
En este escenario, acompañado por el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, ha señalado que este colectivo apuesta por "el empleo con apoyo" y que el pasado año se firmaron "ciento y pico contratos". "Encontramos, pese a la situación, respuestas positivas de muchas empresas", ha valorado.
Es por ello que Juan Martínez ha defendido que ahora toca a la Administración autonómica "dar el paso" para, "a pesar de las restricciones", tratar de "facilitar la incorporación al empleo público de las personas con discapacidad intelectual".
VISIÓN DE LA XUNTA
Al respecto, Alfonso Rueda ha recordado que la Xunta ha concedido ayudas a Down para la implantación de nuevas tecnologías y para "favorecer la inserción laboral" de las mujeres con trisomía 21.
De hecho, ha relatado que este mismo miércoles tuvo ocasión de presenciar una sesión de preparación para una entrevista de trabajo. "Es una experiencia muy importante y muy necesaria", ha resaltado, antes de prometer que la Xunta seguirá apoyando esta iniciativa.
En cuanto a la petición concreta de empleo público, ha considerado que se trata de "algo lógico". "A ver qué se puede hacer", ha añadido, y ha rechazado emitir compromisos antes de conocer en detalle la propuesta.
OTROS ASUNTOS
Al margen de esto, Martínez llevaba en cartera para el encuentro con Rueda las "incidencias" en el transporte adaptado a Santiago de ocho personas que acuden a la entidad desde otros ayuntamientos, dados los cambios en la regulación del 065.
Asimismo, llevaba la necesidad de "seguir aplicando" la Ley de Dependencia, toda vez que las familias que tienen algún miembro con discapacidad atraviesan "una doble crisis", dado el "sobrecoste" que supone su atención.