SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El mayor empresario de espectáculos de orquestas de Galicia, Ángel M.P., más conocido como 'Lito', se volverá a sentar en el banquillo de los acusados a partir del 22 de mayo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por cuatro supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Se enfrenta a multas millonarias y a varias penas por los delitos supuestamente cometidos de fraude fiscal, uno de ellos agravado porque supera los 600.000 euros, que sumarían 35 años de cárcel.
Se da la circunstancia de que Ángel M.P. ha sido recientemente absuelto por el Juzgado de lo penal número 1 de Pontevedra de dos delitos contra la Hacienda Pública al quedar anulados los registros practicados por funcionarios de la Agencia Tributaria. A este respecto, su abogado, Carlos Seoane (CCS Abogados), auguró "efecto dominó" en el resto de juicios que tiene pendiente su cliente, uno de ellos el señalado para la próxima semana en Pontevedra.
En su fallo, el Juzgado de lo penal número 1 de Pontevedra señaló que los funcionarios debieron ser "más cautos a la hora de identificar, clasificar, recoger y discriminar la documentación a intervenir". Por ello, acabó anulando los registros y el procedimiento se resolvió de forma absolutoria, camino que la defensa de 'Lito' espera que sigan el resto de juicios pendientes.
En el marco del juicio que tiene pendiente la semana que viene, la Fiscalía señala que el investigado es el "artífice y responsable" de la creación del Grupo Lito, un conjunto de empresas con una facturación anual aproximada de 25 millones de euros que opera en el sector de las actividades de producción musical y representación artística.
El escrito recoge supuestas defraudaciones en las declaraciones de la renta, pago de IVA y retenciones sobre los rendimientos del trabajo en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, uno de los cuales es un delito agravado dado el valor de la defraudación, que Fiscalía señala que supera los 600.000 euros.
PETICIONES DE PENAS
Así, pide tres años y seis meses de prisión por cada uno de los delitos tributarios por el impuesto sobre la renta de los años 2009, 2010 y 2012. En total, son nueve años y 18 meses de prisión y 3,8 millones de euros de multa en total.
Por cada uno de los delitos tributarios por irregularidades en el pago de IVA, Fiscalía pide cuatro de años de prisión, lo que suman en total 8 años de prisión y multa total de 3,6 millones de euros.
En cuanto a los delitos tributarios por las retenciones sobre los rendimientos del trabajo personal, el Ministerio Público solicita dos años y tres meses por cada uno de ellos, lo que suma seis años y nueve meses y una pena de 1,34 millones de euros.
Finalmente, Fiscalía pide cinco años de prisión por cada uno de los delitos agravados contra la Hacienda Pública, lo que suma 10 años de cárcel y una multa de 4,2 millones de euros.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama 4,45 millones de euros de indemnizaciones a la Hacienda Pública estatal, con los intereses previstos en la ley para el supuesto impago o retraso en el abono de la deuda tributaria.