Los empresarios que adaptaron ambulancias para el 061, investigados en la causa abierta por prevaricación

   La exdirectora asistencial del 061 también comparecerá como testigo ante la jueza que instruye el caso

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Los dos administradores solidarios de la empresa ourensana Rodríguez López S.L., la carrocera implicada en el caso del concurso de ambulancias de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en el que la justicia trata de determinar si hubo prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias, han sido llamados a declarar como investigados.

   El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, del que es titular Margarita Guillén, conduce la investigación centrada en un concurso de ambulancias para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante total de todos los lotes superaba los 100 millones de euros.

   La causa se abrió a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia en un escrito firmado por Álvaro García Ortiz.

   En el marco de este caso ya declaró en su día en calidad de investigado, M.A.M., quien ejercía como técnico responsable de transporte del 061 y actuó como evaluador de los vehículos durante el proceso. Ahora, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, han sido llamados a declarar para este lunes 25 de junio, también en calidad de investigados, dos administradores solidarios de la empresa carrocera.

   Asimismo, ha sido citada para comparecer ante la jueza en calidad de testigo M.V.B.D., exdirectora asistencial del 061. También está llamada a comparecer otra testigo, A.S.L.

INDICIOS DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

   El caso avanza tras pasos adelante en la investigación, que, según fuentes conocedoras de la causa, constató las sospechas de información privilegiada a partir de los correos cruzados entre el técnico del 061 investigado y los comerciales del carrocero Rodríguez López.

   En concreto, en dichos 'emails' cruzados entre marzo y julio de 2014 se evidencia que o bien fue el primero el que facilitó a la empresa los planos de las ambulancias que "después se incorporarían a los pliegos del concurso", o bien que la carrocera fue la autora material de los planos remitiéndoselos al técnico posteriormente para su validación.

   También que, supuestamente, la entonces directora asistencial aprobó a finales de junio de 2014 el diseño "elaborado o consensuado" con el carrocero. De hecho, en algunos de estos planos figuraba el anagrama de Rodríguez López. Los pliegos de condiciones relativos a la licitación pública se publicaron posteriormente en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en noviembre.

   La prestación del servicio y la presentación de ofertas se dividió en 14 lotes (por áreas de transporte), y el 061 fijó un plazo de 15 días naturales para la presentación de las ofertas. El empresario denunciante trasladó en su día que el concurso fue adjudicado a empresas que trabajaban con la carrocera ourensana Rodríguez López, entre ellas Ambuibérica.

DISEÑO EN EXCLUSIVA Y CONNIVENCIA

    El concurso exigía a las ambulancias unas características técnicas muy específicas y distintas a las del resto de comunidades autónomas, lo que requería un espacio temporal para su adaptación para el que, según la denuncia que en su día asumió el Ministerio Fiscal, no había margen según los plazos de licitación.

   Sin embargo, con la "aprobación" del diseño elaborado por el carrocero ourensano por parte de la entonces directora asistencial se extrae "indiciariamente" que la empresa "tenía la excusiva" del mismo en julio de 2014, de forma que cualquier interesado en el concurso "tendría que recurrir a ella para conseguir los vehículos".

   La documentación judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, constata, de hecho, que, según datos facilitados por los adjudicatarios del concurso se aprecian "importantes contradicciones sobre la fecha del pedido a la fábrica y la de matriculación".

   "Por ejemplo, Ambuibérica matricula ambulancias en diciembre de 2014 que dice haber pedido a fábrica en noviembre de ese mismo año (el mes en el que se publicaron el DOG los pliegos), lo que resulta materialmente imposible si nos atenemos a los tiempos expuestos", recoge un auto judicial.

   En él, se subraya que "queda patente la connivencia" de adjudicatarios del concurso con la carrocera ourensana cuyos administradores solidarios están llamados ahora a declarar como investigados "en el uso de la información privilegiada para otorgarles una situación de ventaja en sus correspondientes ramas de actividad". "Y especialmente de Ambuibérica como licitadora frente al resto de concursantes", agrega.

   En un contexto marcado por las protestas de los trabajadores de ambulancias en Galicia, la investigación policial, según las fuentes consultadas, también aprecia indicios de "una baja temeraria a costa de una deficiente gestión en los controles de calidad", dudando de la realidad de las certificaciones en materia de seguridad requeridas por el pliego.

AVISO PREVIO AL DIRECTOR DEL 061

   En el transcurso del proceso administrativo hubo varios recursos, entre ellos de Ferrovial, y también del denunciante, cuya abogada, Delfa Losa, registró el 26 de junio de 2015 un escrito en la Fundación 061 dirigido a su director, José Antonio Iglesias, en el que le pedía audiencia para prevenirle de las supuestas irregularidades del concurso que podrían constituir "hechos tipificados en el Código Penal".

   Tres días antes, según consta en el escrito, la letrada pidió la reunión por vía telefónica y le fue denegada "hasta después de la adjudicación del concurso". La reunión nunca se produjo y el denunciante acudió a la Fiscalía activando la causa que se instruye en la actualidad.

   Hasta el momento, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha defendido que el procedimiento de contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre convocado en 2014 se realizó "de conformidad" al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.