Los expertos de la UE respondieron hace dos meses a las preguntas del juez de Angrois

   Este organismo remitió a las autoridades judiciales francesas su informe sobre este asunto clave en la causa

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Ferroviaria Europea respondió en enero a la petición que las autoridades judiciales francesas le hicieron en nombre del titular del juzgado de Santiago que investiga el accidente ferroviario de Angrois.

   Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este organismo, que vela por la seguridad y la interoperabilidad ferroviaria entre los Estados miembro de la Unión.

   "La Agencia respondió a la petición de las autoridades judiciales francesas, hecha en nombre del juez español, en enero de este año", indican estas fuentes.

   El instructor Andrés Lago, que investiga la causa por el siniestro del tren Alvia que provocó la muerte de 80 personas y dejó a 144 heridos hace casi cinco años, requirió en junio de 2017 un informe a la Agencia Ferroviaria Europea.

   En concreto, le pidió que determinase si la evaluación integral de riesgo era "normativa y/o técnicamente necesaria" en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento, a la altura de la curva de A Grandeira, casi a la entrada de la capital gallega.

   Por este motivo, por eventuales "defectos" en esa evaluación de riesgos, están imputados dos cargos de Adif y uno de Renfe, así como tres técnicos de Ineco. Por su parte, al maquinista se le atribuye una imprudencia por circular con exceso de velocidad.

ENVÍO A UNA DIRECCIÓN ERRÓNEA

   Ya en septiembre, y a través de un escrito presentado por la defensa del maquinista, trascendió que el envío se hizo, por error, a un lugar en el que no se encuentra la Agencia. El abogado Manuel Prieto le instaba entonces a remitir la solicitud a la dirección correcta, que figura en su página web.

   Después de esto, en una providencia del pasado 1 de febrero, el juez Andrés Lago aseguró estar "todavía a la espera" del documento e incidió en que esta situación era así "pese a que" la petición --la enviada de forma correcta-- "tuvo entrada el pasado 22 de noviembre de 2017" en la agencia europea del ferrocarril.

   En ese mismo documento consideraba "innecesario" el magistrado, como demandaron las víctimas, llamar al responsable de seguridad de esta entidad comunitaria, Christopher Carr.

   Fue el 7 de febrero cuando empezó la huelga de empleados públicos de la justicia que todavía no ha terminado y que, entre otras muchas vistas y juicios, obligó a suspender varias de las declaraciones de este caso previstas para marzo.