Familiares de las víctimas de la Fragata Extremadura recurren el archivo del caso y piden un "juicio justo"

FERROL, 8. (EUROPA PRESS)

Los familiares de las víctimas de la Fragata Extremadura presentaron ante el Juzgado Togado Militar de A Coruña la solicitud de recurso ante el archivo de las diligencias, con el objetivo de que el proceso que investiga el fallecimiento de dos militares en la explosión de la caldera del barco en diciembre de 2005 llegue al Tribunal Supremo y pueda tener "un juicio justo", que no esté "contaminado".

En el siniestro, el 19 de diciembre de 2005, habían fallecido los marineros Erik Noval y Francisco Javier Pérez Castrillón. Sus familiares denunciaron que se produjo una "negligencia" del Jefe de Máquinas, que no ordenó apagar la caldera ni se personó en el barco, y que existía un deficiente mantenimiento de una fragata que acumulaba tres décadas de vida.

El Juzgado Togado Militar cuatro de A Coruña, en un auto del 25 de septiembre de 2009, determinó el archivo del sumario al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de "infracción penal". Ante esta decisión, los familiares de las víctimas han presentado la solicitud de recurso. Es el mismo tribunal el que tiene que dar la autorización para que el proceso llegue a la sala Militar del Tribunal Supremo, que estaría compuesta por tres magistrados, de los que dos serían civiles.

Aún así, la madre de Erik Noval Gómez, uno de los fallecidos, manifestó tener "serias dudas" sobre la posibilidad de que sea autorizado ese recurso de reposición, ya que la decisión recae en el mismo tribunal que decidió el archivo del sumario. Isabel Gómez sostiene que el auto judicial del 25 de septiembre estaba repleto de temas que hacen suponer que la investigación ha estado "contaminada".

En la rueda de prensa celebrada hoy, Isabel Gómez recordó que la decisión de sobreseimiento contó con el voto en contra de uno de los tres miembros del tribunal, un Teniente Coronel Auditor, que solicitó la apertura de un juicio oral, porque consideraba que no era el momento oportuno para resolver de forma definitiva si existía o no delito o responsabilidades penales, ya que esta cuestión "debería ser resuelta en sentencia".

En el auto judicial se recoge que los tubos de vaporización de la caldera registraban un desgaste del 89 por ciento, cuando el límite para que sean cambiados está en el 10 por ciento. Además, la defensa de las víctimas asegura que el buque no había pasado las inspecciones necesarias. La Armada había atribuido el accidente a un "fallo de materiales".

La familia insiste en denunciar la irresponsabilidad y negligencia del Jefe de Máquinas, Pablo Varela, que no acudió a la fragata, a pesar de haber sido alertado telefónicamente, ni ordenó apagar la caldera.

Las diligencias previas se habían reabierto tras las afirmaciones realizadas por el cabo Jorge Miguel Gago Chao, que se encontraba de guardia en la noche del siniestro y que, dada su experiencia en la sala de máquinas, había advertido reiteradamente a sus superiores que era preciso apagar la caldera. El cabo llegó a ser expedientado por sus declaraciones y denunció "amenazas" por parte de la Armada. Finalmente, tras una campaña de apoyo ciudadano, sindical y político, el expediente fue archivado.

Miguel Gago, integrante de la Plataforma en Defensa de la Fragata Extremadura, recordó que en el momento del accidente estaba gobernando el PSOE, por lo que entiende que la investigación y el caso estarían resueltos si se hubiese producido un cambio de gobierno. Denuncia que José Bono, como Ministro de Defensa, había recortado las partidas económicas destinadas al mantenimiento de las antiguas fragatas, y priorizado la construcción de la serie F-100.