La Fiscalía pedirá en el juicio la nulidad de las preferentes por "práctica abusiva" y no descarta recurrir al Supremo

Carlos Varela asegura que "defenderá la causa hasta el final" porque considera que es "una causa justa"

A CORUÑA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Galicia solicitará la "cesación" de los contratos de participaciones preferentes para que el juez declare "de oficio" la nulidad de los mismos ante una "práctica abusiva". De no prosperar la solicitud, la Fiscalía está dispuesta a apelar a la Audiencia Provincial e "incluso" recurrir al Tribunal Supremo.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, el fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase el recurso de apelación de la Fiscalía sobre la demanda colectiva de afectados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Novagalicia Banco.

"Un escenario se cierra, pero al mismo tiempo se abre otro con efectos muy similares", ha indicado Varela al anunciar que la Fiscalía ejercitará "una acción de cesación" ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña, en la que solicitará "la nulidad de oficio", al amparo de la jurisprudencia europea.

"No será necesario que el Ministerio Fiscal ejercitase una acción de nulidad porque el juez estaría habilitado para declarar de oficio la nulidad de los contratos de preferentes", ha explicado Varela en referencia a este "nuevo escenario" judicial que emprende la Fiscalía.

JUICIO

En este escenario, según ha comentado Varela, la Fiscalía será llamada a un juicio verbal, que espera se celebre en dos o tres meses. Una vez se dicte sentencia, si no se ratifica las tesis de la Fiscalía, ésta estudiará presentar una apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña e "incluso", según Varela, "llegar hasta el Tribunal Supremo" mediante un recurso de casación.

Varela ha defendido que la Fiscalía "no comparte" lo que establece el auto, al señalar que habría que realizar un "análisis individual" de cada caso, puesto que, según el fiscal, se está ante un "interés difuso" al implicar a una gran número de personas, unos 43.000 afectados.

En cualquier caso, Varela, ha concluido asegurando que la Fiscalía "defenderá la causa hasta el final", puesto que considera que es "una causa justa".