Cortabitarte fue director de seguridad de 2006 a 2013 y después de innovación de la empresa, que afronta una "transformación organizativa"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Podemos Sergio Pascual ha trasladado al presidente de Adif la petición de destitución de Andrés Cortabitarte, el cargo investigado en la causa que trata de determinar las responsabilidades penales por el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013.
En su turno de réplica en la comisión de fomento del Congreso, Juan Bravo, máximo responsable del administrador de infraestructuras ferroviarias desde el pasado noviembre, ha evitado pronunciarse al respecto de esta solicitud, que Pascual llevó a la Cámara Baja de la mano de la asociación de víctimas del siniestro.
En concreto, el parlamentario de Podemos se ha referido al "cese" de Cortabitarte "de cualquier puesto de libre designación en el que se encuentre dado que se ha negado a declarar ante el juez".
Cortabitarte, al que el juez atribuye 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave --junto al maquinista, investigado desde el primer momento por su despiste a pocos kilómetros de tomar la curva--, fue director de seguridad en la circulación de Adif de septiembre de 2006 a diciembre de 2013.
Posteriormente estuvo al frente de la dirección de innovación y tecnología de la empresa pública que, como ha recordado este martes el propio Bravo, se encuentra inmersa en un "plan de transformación organizativa" y todavía no ha cerrado su nueva estructura. De ahí la forma en la que Pascual se ha referido a "cualquier puesto de libre designación en el que se encuentre".
AVE A GALICIA
Juan Bravo, en su intervención ante los grupos, ha señalado la intención de incorporar "nuevas formas de hacer las cosas" en Adif, y, consciente de que existen "análisis críticos" de la inversión territorializada, ha llamado a reflexionar sobre que las partidas que se ejecutan "no benefician a un solo territorio".
De hecho, como ejemplo, ha puesto la cifra que se destina este año a la línea de alta velocidad en la provincia de Zamora, que tiene a Galicia, ha subrayado, como "comunidad autónoma más beneficiada" y también "la más interesada políticamente".