Red Localis insta a proteger la figura del interventor local para evitar "injerencias" políticas

   El grupo de estudio presenta su noveno documento, centrado en la función de intervención, que ven condicionada por la falta de medios y personal

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Red Localis, grupo de estudio sobre el municipalismo promovido por la Universidade de Vigo, ha instado a mejorar la protección e independencia de la figura del interventor local con el objetivo de evitar las "injerencias" de los cargos políticos.

   Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del noveno informe semestral elaborado por Red Localis y que ha sido presentado este viernes en la sede del Club Financiero, en Santiago de Compostela.

   En el acto ha estado presente Marta Oviedo, autora del documento junto con Roberto Fernández. Oviedo ha estado acompañada por el profesor de la UVigo Alberto Vaquero y por Ignacio Rodríguez Taboada, del Banco Sabadell, entidad colaboradora en la novena edición del informe de Red Localis.

   Centrado en el cambio normativo de la función interventora de las entidades locales, el informe concluye que la nueva norma supone "una revolución en las funciones de control financiero" que ayudará a elevar los niveles de transparencia de municipios y diputaciones.

   De este modo, ahora deben realizar controles financieros con periodicidad anual con el objetivo de combatir los bajos niveles de inspección, ya que, según datos del Tribunal de Cuentas, "solo el 9 por ciento" de las entidades locales ejercieron en 2015 actuaciones a posteriori de los desembolsos.

FALTA DE MEDIOS Y PERSONAL

   Con todo, según los expertos de Red Localis, los ayuntamientos cuenta con un hándicap, que reside en la falta de personal y medios. Y es que, como ha detallado Marta Oviedo, las tareas de intervención requieren software capaz de cotejar y comparar datos para trazar parámetros sobre los que trabajar.

   En cuanto al personal, Red Localis advierte que en muchas ocasiones la misma persona ejerce de interventor, secretario y tesorero lo que dificulta que se lleve a cabo el trabajo de fiscalización de cuentas. Una de las recetas que ponen sobre la mesa es que varios ayuntamientos se unan y cuenten con un único interventor, solución que ya se aplica en Castilla y León y que sería extensible a ciertos municipios gallegos de tamaño reducido.

   Sin embargo, la regla de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria (conocida como Ley Montoro), según estos expertos, impide en muchas ocasiones que las entidades locales puedan contratar personal para desempeñar estas tareas.

   En este sentido, Marta Oviedo y Alberto Vaquero creen que la "presión" que se está ejerciendo desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) acabará por lograr una "flexibilización" de las exigencias financieras hacia las administraciones locales que, como recuerdan, son las que "más cumplen" con los objetivos de déficit.

INJERENCIAS POLÍTICAS

   Otro de los retos que marca Red Localis a la hora de mejorar la capacidad fiscalizadora de las entidades locales es garantizar la independencia de los interventores para evitar las "injerencias" de los políticos.

   Así, explican que es preciso "un cambio en la mentalidad" y voltear la idea de que "el interventor está para perjudicar" al cargo político, que es, como recuerda Ovieda, el elegido para decidir en qué se gasta el dinero, pero que debe contar con una figura que controle si dicho gasto "cumple con los objetivos".