Sindicatos gallegos ven "política" su modificación y muestran "preocupación" por los cambios en ESO y Bachillerato

CIG acusa las medidas de "segregacionistas" y CC.OO percibe que se intenta "expulsar a los jóvenes" del sistema educativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos gallegos de la enseñanza (CIG, CC.OO Y FETE-UGT) han trasladado su "preocupación" por las consecuencias de los cambios anunciados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, como el cambio de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por Educación Cívica y Constitucional, que consideran una decisión "política".

El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, prevé que la nueva materia nueva materia recogerá los "principios ideológicos del PP" y "pone en tela de juicio los derechos fundamentales" y "valores de convivencia", que le recuerda a "Formación del espirítu nacional" (asignatura obligatoria durante el Franquismo).

Por su parte, José Fuentes de CC.OO Ensino ha defendido que educación para la ciudadanía "tiene como objetivo crear ciudadanos con conciencia cívica", que "evidentemente son valores constitucionales". "Sinceramente, no entendemos el cambio, salvo por dejar tranquilas a algunas personas que hicieron mucho contra la asignatura", ha señalado.

Raúl Gómez, de FETE-UGT, ha considerado que esta decisión es "una cuestión puramente política" y que se contradice con las demandas del PP de "despolitizar todo lo que es la vida social". "No se porqué mezclan la política con una materia que se estaba desarrollando, incluso en los centros privados que son de titularidad de compañías religiosas, con toda normalidad", ha señalado, para atribuir esta medida a que buscan "dar satisfacción a un sector de su partido político".

Finalmente, ANPE analiza que la sustitución de Educación para la Ciudadanía por otra materia "menos polémica" puede "ayudas a evitar la controversia" que tuvo desde el principio.

AMPLIACIÓN DEL BACHILLERATO

Otra de las medidas anunciadas por Wert repercute a la ampliación del Bachillerato a tres años, cuyo objetivo es dotar a este ciclo de una mayor flexibilidad y que los alumnos puedan encaminarse hacia la Formación Profesional de Grado Medio o hacia el Bachillerato un año antes, con 15. En concreto, habrá tres cursos de ESO y tres de Bachillerato, manteniéndose la educación obligatoria hasta los 16 años.

Louzao ha criticado esta medida "totalmente demagógica" que ve "encaminada" a "una segregación del alumnado" y "para privatizar lo que es la enseñanza post obligatoria", al considerar que abre la puerta a "ampliar los conciertos educativos al bachillerato" por ser el primer curso "obligatorio" y, por tanto, "subvencionado al 100 por cien".

"Antes cuando llegaban a los 16 podían prorrogar su estancia dos años más. Con esta será imposible", ha lamentado, ya que posibilitará que sólo "unos pocos" puedan acceder al Bachillerato.

Asimismo, José Fuentes considera que la intención del Ministerio es "expulsar a los jóvenes del sistema educativo", y ha recordado que el final de la enseñanza obligatoria debe "marcar el final de una etapa, en este caso la ESO". "Empezar una que no tiene que acabar no tiene sentido", ha apuntado.

Por ello, el sindicato sospecha que la Administración educativa aprovechará la ocasión para "maquillar las cifras de fracaso y abandono escolar, teniendo en cuanta los 15 y no los 16". Además, ha insistido en que "puede haber un 4º de ESO preparatorio exactamente igual, salvo que tenga la intención de concertar todos los centros privados en toda la etapa de bachillerato".

Raúl Gómez considera, asimismo, que 2no había ninguna necesidad de proceder a un cambio de nombres de 4º de Eso con 1º de Bachiller, ya que la Ley de Economía Sostenible trazaba un poco el sentido polivalente del 4º curso". "Era una vía de acceso a FP o bachillerato o a la inserción laboral".

Por ello, tras recordar que "hay un centenar de centros que no tienen Bachillerato", ha advertido de que la situación es "preocupante" y que las medidas anunciadas tienen que estar "más concretadas y acompañadas de medidas de carácter presupuestario".

Finalmente, ANPE ha destacado la decisión como "una necesidad imperiosa", pero que "no tendrá efectividad si no está enmarcada en una verdadera reforma del modelo pedagógico actual". "No puede quedar en sustituir un curso por otro", ha aclarado. Asimismo, ha destacado el impulso al Estatuto del Docente, que debe exponerse "en términos de perdurabilidad y con visión de futuro".