La Xunta lleva al TC las ayudas del Estado a patrimonio natural, el segundo recurso en una semana

Feijóo lamenta que la Administración gallega se vio "obligada" a esta acción tras rechazar el Gobierno central el requerimiento inicial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso por invasión de competencias a las ayudas del Estado concedidas a patrimonio natural y política forestal, con lo que ya son dos los conflictos de este tipo que plantea la Xunta en una semana, puesto que el Consello del pasado jueves decidió actuar también contra una convocatoria de subvenciones destinada a la integración de inmigrantes.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el máximo mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijóo, explicó que "lamentablemente", la Xunta "se ve obligada" a presentar un nuevo recurso ante el TC por "invasión de competencias" a un Estatuto "constitucional" como el gallego.

Concretamente, se trata de la resolución del 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se convocan subvenciones dirigidas a entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del patrimonio natural y biodiversidad.

Antes del conflicto positivo de competencias, la Xunta había decidido, el pasado 5 de noviembre, un requerimiento de incompetencia al Estado por considerar que esta resolución sería inconstitucional en su conjunto, al establecer una convocatoria que le correspondería efectuar a la Comunidad gallega, pero que el Gobierno central rechazó, según indicó Feijóo.

ARGUMENTACIÓN

En su momento, la Administración autonómica argumentó que, al tratarse de una acción subvencional, se debían aplicar las reglas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al poder de gastar del Estado.

Por otro lado, el requerimiento también alegó que, tanto la supraterritorialidad, como la existencia de límite de crédito y la garantía de que todos los beneficiarios tengan las mismas posibilidades de obtención y disfrute en todo el territorio, "no pueden servir de excusa para centralizar la gestión de las ayudas por parte del Estado".

A este respecto, el Gobierno central justificó la constitucionalidad de la resolución argumentando que la supraterritorialidad de los beneficiarios y de los programas que se ejecutarán supondrán la centralización de la tramitación. Además, defendió la centralización de la gestión.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera que la respuesta ofrecida "no desecha" los argumentos de la Xunta en su requerimiento, lo que conllevó la decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que resuelva la controversia.

OTROS CONFLICTOS

Por otro lado, la Xunta ya ha planteado al Gobierno central un total de siete requerimientos en lo que va de legislatura, el último de ellos también aprobado la semana pasada y relacionado con una convocatoria de ayudas para jóvenes desempleados.

Otros que fueron objeto de este tipo de aviso son un decreto estatal de ordenación del sector pesquero, una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, el decreto impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, el presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Asimismo, se formuló otro contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes y uno más la resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad, que desembocaron en los mencionados conflictos positivos por invasión de competencias.