(Ampliación) Los promotores piden al Govern estudiar la fiscalidad y reducir la carga impositiva sobre la vivienda

PALMA DE MALLORCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotores de Baleares reclamó hoy al Govern medidas dirigidas a estudiar la fiscalidad existente en torno a la vivienda y a reducir los impuestos que pesan sobre la compra de un inmueble, que en la actualidad se sitúan en el 23 por ciento del precio global que se abona cuando se adquiere un piso.

Así lo apuntó el presidente de la entidad, Gabriel Oliver, tras mantener una reunión con el jefe del Ejecutivo autonómico, Francesc Antich, en el Consolat de Mar, donde aseveró que es el momento "adecuado" para analizar la situación fiscal en materia de vivienda, reflexionar sobre si debe estar gravada con la cifra actual y estudiar si debe moderarse la carga impositiva.

Asimismo, otra de las acciones propuestas desde la Asociación fue facilitar la gestión y la tramitación de los expedientes a la hora de impulsar obra nueva o llevar a cabo una inversión, de modo que no se demore en varios años la aprobación de un planeamiento o de una licencia de obra, así como ayudar a los pequeños municipios con dificultades en gestión urbanística a acortar los distintos expedientes.

Oliver hizo referencia a las variaciones producidas en el sector inmobiliario en los últimos años, haciendo hincapié principalmente en el incremento del euribor en dos o tres puntos así como en las dificultades de los compradores al acceder a una vivienda, "cuyos ingresos no han variado tanto".

También se mostró "absolutamente seguro" de la inexistencia en el archipiélago de una burbuja inmobiliaria, al considerar que en Baleares no se ha construido por encima de las necesidades en comparación con otras regiones. En este sentido, apuntó que en la Comunidad Autónoma se terminan al año unas 8.000 ó 9.000 viviendas, lo que supone un 'stock' de unos 3.000 inmuebles.

"El 'stock' en las islas está muy controlado", incidió el presidente de los promotores de las islas, quien señaló que en Comunidades como Murcia o Andalucía las viviendas construidas ascienden a unas 60.000 anuales. "El mayor problema radica en que si no se puede adquirir, el promotor deja de comenzar un nuevo edificio cuando tiene otro a medio vender, se para la cadena y se deja sin trabajo a todos los sectores empresariales implicados, como carpinteros, fontaneros o albañiles", prosiguió Oliver.

En cuanto a una de las medidas propuestas por Antich de transformar viviendas ya construidas en inmuebles de protección oficial (VPO) para facilitar su salida al mercado, el máximo responsable de la Asociación de Promotores consideró positiva la iniciativa, al afirmar que tanto el plan estatal como autonómico de vivienda así lo contemplan si se trata de bloques completos.

No obstante, aseveró que estos inmuebles deberían adaptarse a los requisitos de las VPO en lo que se refiere a metros cuadrados del piso, ventilación y otros aspectos. Por último, expresó su confianza en que no vuelva a producirse ninguna otra suspensión de pagos por parte de grupos inmobiliarios, al igual que ha sucedido con Drac con la presentación de un concurso voluntario de acreedores por un pasivo de 600 millones de euros.