Los delitos cometidos por menores se multiplicaron en Baleares en los últimos ocho años tras alcanzar los 4.500 en 2008

La Fiscalía de Menores prevé un incremento de esta cifra en 2009 debido a la crisis, que ha supuesto un "aumento de la delincuencia"

PALMA DE MALLORCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los delitos cometidos por menores se han multiplicado en Baleares en los últimos ocho años, tras pasar de los 2.000 casos incoados en 2001 en la Fiscalía a los 4.500 el pasado año, según informó a Europa Press el fiscal de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, José Díaz Cappa, quien vaticinó que en 2009 se incrementará esta cifra, como consecuencia de la crisis económica, que ya ha supuesto un "aumento de la delincuencia".

Tras presentar las Jornadas 'Menores en edad escolar: conflictos y oportunidades', que se celebrarán entre el 2 y el 4 de abril en Palma, Cappa explicó que este fuerte incremento del número de delitos cometidos por menores en las islas se ha producido tras la entrada en vigor en el 2001 de la nueva Ley de Menores 5/2000, que es "mucho más rigurosa en relación a la delincuencia juvenil, ya que ha impulsado mucho la actividad de la Fiscalía, la Policía y de todos los sectores implicados, que han puesto en marcha más mecanismos para detectar estos delitos".

Además, destacó que no sólo han aumentado los delitos de menores de manera cuantitativa, sino también de forma cualitativa, de forma que son más "graves y severos", debido a que se han incrementado los "casos de tráfico de drogas, de maltrato de menores a mayores de edad y, sobre todo, los delitos contra la libertad sexual".

No obstante, Díaz Cappa precisó que el incremento del número de delitos cometidos por menores es similar al que se ha producido entre los adultos, si bien apuntó que en estos momentos, sólo se encuentran alrededor de 40 jóvenes menores de 18 años privados de libertad en los centros de internamiento de Es Pinaret y Es Fusteret, en Palma, tanto en régimen cerrado, como en semiabierto cumpliendo medidas judiciales cautelares o definitivas.

El fiscal de Menores señaló que la crisis no sólo ha aumentado la delincuencia en general, sino también la de los menores, "algunas veces porque los padres que se han quedado sin trabajo o por alguna otra razón fomentan que sus hijos salgan a la calle a ganarse el dinero de forma ilícita". "En tiempos de crisis, aumenta la picaresca y esto también se nota en materia de menores", recalcó.

Sin embargo, indicó que hasta finales de este año o a comienzos del mes de septiembre con el inicio del año judicial, no se sabrá el efecto real de la actual situación económica en el aumento de la delincuencia, teniendo en cuenta que en el 2009 ha comenzado la crisis de una forma "más profunda".

PORNOGRAFÍA INFANTIL

Por otra parte, desveló que la Fiscalía de Menores está investigando, en colaboración con el Grupo de Delitos Telemáticos de Guardia Civil y el Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, varios supuestos casos de pornografía infantil en Internet, que podrían afectar a jóvenes de Baleares.

"Estamos poniendo en marcha todos aquellos mecanismos para detectar la existencia de este tipo de delitos y de dónde provienen teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones es difícil saberlo", detalló.

Así, Díaz Cappa remarcó que actualmente, la Fiscalía de Menores está centrada en los delitos tecnológicos y telemáticos, sobre todo, los que se cometen a través de los emails, mientras que, por otro lado, añadió que también está implicada en la protección de datos de los menores, con el fin de salvaguardar su honor e imagen.

Para ello, resaltó que la Fiscalía está esperando que el Ministerio de Justicia le dote de más medios, ya que, según recordó, "nos hacen falta más instrumentos para solucionar este tipo de delitos". En esta línea, lamentó que la falta de medios es un "mal endémico general en toda la Justicia y, por tanto, la Fiscalía no queda al margen de este déficit".

Finalmente, apuntó que la Fiscalía también solicita, en ciertos casos, medidas cautelares para evitar que se sigan produciendo abusos a menores en el entorno familiar, como separarles de sus padres, con el fin de que otros familiares o los servicios sociales de los Consells Insulares se hagan cargo de ellos.