Detenidas dos personas en Palma por usar siete asociaciones sin ánimo de lucro para estafar 380.000 euros

PALMA DE MALLORCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares detuvieron el pasado 27 de marzo a los dos administradores de siete entidades jurídicas sin ánimo de lucro, todas ellas con la misma sede jurídica en la calle Ciutat de Queretaro de Palma, por utilizarlas para lograr subvenciones por un importe total de 380.000 euros, de forma que llegaron a cobrar seis sueldos simultáneamente.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que la investigación se inició como consecuencia de la detención el 11 de noviembre de 2010 de uno de los fundadores de dichas entidades por malos tratos en una casa de acogida de mujeres, gestionada por una de estas entidades, la cual había sido subvencionada por un importe de casi 100.000 euros. Así, tras analizar el expediente de subvención del proyecto de la misma, se detectaron ciertas irregularidades.

De este modo, ha detallado que las investigaciones han revelado que a los dos detenidos, a través de las entidades jurídicas que constituyeron, les fueron concedidas más de cuarenta subvenciones, del Consell Insular de Mallorca (a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales-IMAS), la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB), a través de varias Consellerias y del Ayuntamiento de Palma.

Los detenidos, según ha destacado la Policía Nacional, se han dedicado fundamentalmente a buscar todo tipo de subvenciones en las distintas administraciones públicas, que luego utilizaban para sus propios fines.

Así, ha revelado que en los expedientes de subvención se han localizado listados de asistentes falsificados, supuestos cursos de formación que nadie ha realizado, o ponentes de cursos que no se han impartido, así como minutas falsas a nombre de los mismos. Las mismas facturas eran presentadas para justificar las distintas subvenciones, tales como recibos de nómina, alquileres y colaboraciones profesionales.

La mayoría de los gastos justificados en los expedientes ha sido el de las nóminas de los investigados llegando a cobrar cada uno de ellos, seis sueldos simultáneamente de seis entidades jurídicas diferentes.