El ex gerente del Ibatur acepta una multa de 1.800 euros y tres años de inhabilitación por el amaño de varios contratos

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2004 y 2007, Raimundo Alabern, ha aceptado este martes una multa de 1.800 euros y una pena de inhabilitación especial para cargo público por tres años y medio, por un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración.

En la vista celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma, la Fiscalía y el Govern -que ejerce la acusación particular- han llegado a un acuerdo de conformidad con las defensas de Alabern y el empresario Juan Jaime Velasco, por el que ambos han reconocido los hechos.

En concreto, el que fue gerente del Ibatur en el Govern de Jaume Matas ha aceptado una pena de seis meses de prisión a sustituir por multa, además de la inhabilitación especial; mientras que el empresario ha aceptado una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una pena de ocho meses de prisión que ha sido suspendida.

En virtud de este acuerdo, Alabern ha admitido que se concertó con el empresario para otorgar contratos sin respetar el sistema legal de contratación, lo que ocasionó un perjuicio a la Comunidad porque al no haber libre concurrencia se podían imponer precios superiores.

En múltiples expedientes de contratación del Ibatur, Alabern dio las instrucciones y órdenes oportunas a los funcionarios para que se iniciaran los expedientes de contratación, que necesariamente serían adjudicados a las empresas del coacusado.

Además, se fraccionaron los importes para eludir las licitaciones públicas que supondrían contrataciones mayores, o se utilizó la fórmula del convenio de colaboración a pesar de que era evidente de que se trataba de contratos de suministro o de servicios.

Así, el escrito de conformidad suscrito por las partes recoge hasta siete expedientes de acciones publicitarias aprobadas por Alabern, que suman más de 800.000 euros.

Sin embargo, el Govern entiende que los trabajos efectivamente se realizaron y cuantifica el perjuicio económico en 84.000 euros por el incremento en el precio al eliminar la libre concurrencia.

Los acusados deberán indemnizar a la Comunidad en esta cantidad, de la que ya han aportado una parte. Por ello, se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, así como las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.