El Tribunal Supremo revisará el 19 de septiembre la condena de cinco años y medio de cárcel contra Munar

PALMA DE MALLORCA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo revisará el próximo 19 de septiembre, a partir de las 10.30 horas, la condena de cinco años y medio de prisión que le fue impuesta a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, por un presunto desvío de 240.000 euros públicos a la productora que supuestamente controlaba a través de testaferros junto al exvicepresidente insular, Miquel Nadal.

Así lo ha informado la propia Munar en un comunicado remitido a Europa Press en el que expresa su confianza en que su inocencia "quedará demostrada en este caso y que la condena inicial será revocada".

En concreto, la Sala que deliberará sobre su recurso de casación, así como al interpuesto por Nadal, la exdirectora general de Comunicación, Margarita Sotomayor, y el empresario Alfredo Conde, estará constituida por los magistrados Carlos Granados, que la preside, y Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, Francisco Monterde Ferrer, y Manuel Marchena Gómez.

En concreto, el abogado defensor que representará a Munar ante el Supremo será José Antonio Choclán, quien recurrió la sentencia ante el Alto Tribunal y ejerce ahora la defensa de la ex dirigente histórica de UM.

Cabe recordar que el día 16 de julio de 2012 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó a Munar a cinco años y medio de prisión por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del caso Maquillaje, que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos.

Además, le condenó a una multa de 54.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, así como a la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de dos años y medio.

Por otra parte, la Audiencia condenó a dos años y siete meses de cárcel al exconseller de Turismo y también expresidente uemita, Miquel Nadal, por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, así como a una multa de 36.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas y a la inhabilitación absoluta durante cuatro años y medio.