MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha hecho llegar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a la Casa Real sus preocupaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en Egipto ante la visita este jueves a España de su presidente, Abdelfatá al Sisi, y ha pedido que este asunto sea abordado en el encuentro que mantendrán los dos mandatarios.
"El presidente egipcio prometió ante Naciones Unidas respetar la libertad de expresión, la independencia judicial y el estado de derecho. Sin embargo, hemos podido comprobar cómo se restringe la libertad de expresión de disidentes y periodistas, cómo se da mayor competencia a los tribunales militares para juzgar a civiles y cómo se permite que las fuerzas de seguridad empleen la tortura y el uso excesivo de la fuerza impunemente", ha subrayado el director de AI España, Esteban Beltrán.
Según la ONG, las autoridades egipcias han puesto en el punto de mira a quienes critican al Gobierno o manifiestan su disconformidad con el mismo lo que incluye tanto a los profesionales de los medios de comunicación críticos, que "son detenidos, juzgados y condenados" como a los grupos vinculados a Hermanos Musulmanes, organización declarada terrorista, además de imponerse "nuevas restricciones a las organizaciones de Derechos Humanos.
Además, las fuerzas de seguridad reprimen las protestas y los tribunales encarcelan a decenas de personas por manifestarse sin autorización, entre ellas a partidarios de Mohamed Morsi, el presidente islamista depuesto por el Ejército en julio de 2013 cuando Al Sisi estaba al frente, a prominentes activistas de la oposición y a activistas de Derechos Humanos, añade Amnistía en un comunicado.
En concreto, la ONG pide a Rajoy que se interese por dos casos concretos, el del fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, encarcelado a la espera de juicio sin haber sido acusado de ningún delito desde su arresto en agosto de 2013 y al que considera "preso de conciencia"; y Yara Sallam, defensora de Derechos Humanos, condenada junto con otras 21 personas a dos años de prisión y a dos años de libertad vigilada por incumplir la ley sobre manifestaciones durante una protesta celebrada en El Cairo en junio de 2014.
Por otra parte, la ONG ha resaltado que "en Egipto se está haciendo un uso de la pena capital a una escala sin precedentes" ya que desde la caída del Gobierno de Mursi "al menos 400 personas han sido condenadas a muerte en juicios políticos en relación con actos de violencia política, mientras que ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas por los abusos y homicidios cometidos por la policía".
Asimismo, ha manifestado su particular preocupación por los elevados índices de violencia de género y de discriminación hacia las mujeres en el país. Según la organización, "a pesar de las tímidas reformas parciales acometidas en los últimos tiempos las carencias de la legislación egipcia y la arraigada impunidad siguen fomentando en el país la violencia sexual y de género".
En este ámbito, AI pide a Rajoy que "reclame un compromiso eficaz a su homólogo egipcio para acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y con la impunidad de los agresores".
Por último, la ONG reclama al Gobierno español que suspenda todas las transferencias a Egipto de armas y de otro material militar o de doble uso que puedan ser utilizadas por la Policía o el Ejército en la represión de protestas mediante el uso excesivo e injustificado de la fuerza para cometer violaciones graves de Derechos Humanos.
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