Amnistía Internacional denuncia "abusos" e "impunidad" tras las protestas en Venezuela

Pide al Gobierno de Maduro que traslade un "mensaje inequívoco" contra la violencia y reclama "independencia" institucional

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado los "abusos" que se han cometido en Venezuela a raíz de las protestas de febrero de 2014 y ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de perpetuar la "impunidad" entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines a su Administración.

La ONG ha elaborado un informe ('Los rostros de la impunidad') en el que, con investigaciones y entrevistas sobre el terreno, pone de manifiesto las dificultades y abusos a los que se enfrentan defensores de Derechos Humanos, dirigentes opositores o la propia población que decide manifestarse contra el Gobierno.

En las protestas desatadas hace un año, perdieron la vida 43 personas y otras 878 resultaron heridas. Las autoridades detuvieron a 3.351 personas de las cuales 27 seguían --a día 2 de marzo-- encarceladas. Amnistía Internacional ha documentado cinco detenciones "arbitrarias" en las que no existe "evidencia fehaciente" de la comisión de un delito u orden judicial previa.

De estos tres arrestos "arbitrarios", tres aún continúan: el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista Rosmit Mantilla. Amnistía ha pedido al liberación inmediata de estas tres personas.

El informe no recoge el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pero la investigadora Nuria García ha reconocido que su situación también "preocupa" teniendo en cuenta el "contexto" y las detenciones por "motivos políticos" que han llevado a cabo las autoridades del país sudamericano en los últimos meses.

El director de Amnistía Internacional España, Estebán Beltrán, ha denunciado una "impunidad" generalizada. Según la Fiscalía --la única institución oficial que ha respondido a las peticiones de información de la ONG--, hay 30 policías acusados por la violencia, pero sólo tres han sido condenados por malos tratos.

La mayoría de estas investigaciones no se iniciaron de oficio, sino previa interposición de una denuncia de víctimas o de sus familias. "Sólo dos de las 238 denuncias han sido por tortura", ha recogido Amnistía en su informe, presentado este martes en Madrid.

Únicamente en cuatro de las 43 muertes se ha acusado a funcionarios públicos, mientras que el resto se atribuyen a civiles y en muchos casos sin que se haya determinado un responsable.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que las fuerzas de seguridad incurrieron en un "uso excesivo" de la fuerza para reprimir las manifestaciones, utilizando armas de fuego --también "explosivas"--, balas de goma a corta distancia e incluso elementos especialmente dañinos como canicas o cristales.

Bajo arresto, las autoridades también han incurrido en "torturas", según la organización, que ha recogido declaraciones sobre supuestas palizas, quemaduras, asfixias, descargas eléctricas y amenazas de muerte, entre otros abusos.

RECOMENDACIONES

"Es hora de que las autoridades venezolanas pongan fin a esta situación", ha dicho en la presentación del informe la investigadora Nuria García, que ha entrevistado a víctimas y familiares. García ha denunciado una "desgarradora injusticia" y ha pedido a las autoridades que tomen medidas.

Entre las recomendaciones, Beltrán ha citado la necesidad de que el Gobierno de Maduro transmita un "mensaje inequívoco y al más alto nivel" de que no tolerará "ningún abuso" por parte de sus fuerzas, así como por movimientos armados afines.

Este mensaje pasa también por emprender una investigación "real" de lo sucedido y "resarcir" a las víctimas, así como por asegurar que éstas puedan acudir "sin represalias" a instancias internacionales en caso de que no consideren satisfecha su petición de justicia. En este sentido, ha solicitado que no se persiga a la disidencia o a quienes "denuncian los abusos", sea en el foro que sea.

Beltrán también ha pedido al Ejecutivo que se abstenga de utilizar a las Fuerzas Armadas para contener el orden público, ya que Amnistía Internacional no considera justificado su uso en una situación como la actual. La ONG ha puesto en duda las acusaciones de un golpe de Estado, que parecen "no tener fundamento", según su responsable en España.

Las recomendaciones de la organización incluyen un llamamiento para que instituciones de Venezuela como el sistema judicial, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo trabajen con "independencia" e "imparcialidad". Si no, "nadie creerá" en sus conclusiones, ha advertido Beltrán.

ELECCIONES

Venezuela tiene previsto convocar este año elecciones parlamentarias para renovar su Asamblea Nacional. El Gobierno todavía no ha puesto fecha a esta cita, aunque el propio Maduro prometió que convocaría estos comicios pasase lo que pasase.

Nuria García ha considerado que "todavía hay espacio" para que el Ejecutivo demuestre que está "comprometido con los Derechos Humanos" y facilite la "libertad de expresión" de cara a las elecciones.