BOGOTÁ 17 Mar. (Reuters/EP) -
La violencia de las bandas criminales es el principal desafío al que se enfrenta la seguridad en Colombia, según advierte un informe de Naciones Unidas en el que se recomienda al Gobierno hacer frente con medidas sociales, judiciales y policiales a los grupos armados ilegales responsables de graves violaciones.
Las bandas criminales están conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en un cuestionado proceso de paz en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe y están dedicadas al narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal en diferentes regiones.
"El principal reto en materia de seguridad pública sigue siendo la violencia de los grupos armados post-desmovilización vinculados con el crimen organizado", añade el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Esta violencia afecta a los derechos de la población que vive en zonas en las que estos grupos se disputan el control de ingresos ilícitos derivados del comercio de drogas, la extorsión, la minería ilegal, la prostitución, la trata de personas y la migración ilegal", apunta.
El representante en Colombia de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, ha agregado que la violencia de las bandas criminales se evidencia en varias zonas con asesinatos, amenazas y desplazamientos masivos de civiles.
De acuerdo con la Policía Nacional, en la actualidad existen tres bandas criminales con unos 2.000 combatientes que no tienen una ideología política ni contrainsurgente y están dedicadas principalmente al narcotráfico.
En su apogeo esos grupos armados ilegales, considerados por Estados Unidos como una amenaza, tuvieron unos 9.000 integrantes en 34 organizaciones que fueron diezmadas por una ofensiva de las Fuerzas Armadas.
"El Estado debe invertir en maximizar las oportunidades económicas y de trabajo para los jóvenes que les ofrezcan alternativas viables para no unirse a los grupos criminales", subraya el informe.
Según expertos, en la eventualidad de que se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las bandas criminales podrían ocupar los espacios geográficos de la insurgencia y convertirse en una "tentación" para que los combatientes que abandonen las armas regresen a actividades criminales.