BRASILIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Brasil va a regularizar la situación de los cerca de 4.000 haitianos que llegaron al país tras el terremoto de siete grados en la escala de Richter que el 12 de enero de 2010 sacudió el país caribeño, según ha anunciado este martes el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
En una rueda de prensa, Cardozo ha explicado que del total de haitianos que se encuentran en una situación irregular, unos 1.600 ya han recibido permisos de trabajo, mientras que el resto los recibirán en los próximos días. Este documento les permitirá permanecer en Brasil durante cinco años.
"El Gobierno no permanecerá indiferente. Tenemos que reconocer la situación social y económica de estas personas", ha dicho Cardozo, al tiempo que ha anunciado que también apoyará a los gobiernos de las ciudades de Brasileia y Tabatinga, ubicadas en los estados de Acre y Amazonas (noroeste), respectivamente, donde se concentra la inmigración haitiana.
Si bien, el ministro ha matizado que la medida solamente beneficiará a los haitianos que se encuentran en el país, no a los que lleguen una vez aprobada. "Éstos estarán en una situación irregular y como cualquier extranjero en esa situación serán avisados y extraditados", ha advertido.
De forma paralela, el Gobierno va a solicitar al Consejo Nacional de Inmigración, vinculado al Ministerio de Trabajo, que apruebe una resolución para aumentar el control sobre la llegada de haitianos a Brasil. La medida impedirá emitir más de 100 visados al mes, que deberán ser solicitados ante la Embajada en Puerto Príncipe.
Además, se reforzarán los controles fronterizos en colaboración con los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia con el propósito de combatir la inmigración ilegal y a las mafias de tráfico de personas, conocidas localmente como 'coyotes'.
El Gobierno de Brasil ha adoptado esta medida después de que el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) considerara que la situación de los inmigrantes haitianos no es un caso de refugiados, sino de debilidad económica.
La presidenta, Dilma Rousseff, ha consensuado esta medida con su jefa de Gabinete, Gleisi Hoffman; Cardozo, y los ministros de Exteriores, Antonio Patriota; y Desarrollo Social, Tereza Campello, según informa la Agencia do Brasil.