BUYUMBURA, 3 Ago. (Reuters/EP) -
Las autoridades de Burundi han rechazado el despliegue de 228 policías de la ONU aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad de la organización, en aras de supervisar la situación de los Derechos Humanos y garantizar la seguridad en el país.
Más de 450 personas han muerto desde que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ganó las elecciones por tercera vez consecutiva en 2015, un mandato que, según la oposición, vulnera no sólo lo establecido por la Constitución sino también lo acordado en el tratado de paz firmado en 2005.
Según fuentes oficiales, al menos 250.000 personas han abandonado Burundi debido al aumento de la violencia, algo que ha alarmado a los países colindantes, que aún sufren las consecuencias psicológicas del genocidio de Ruanda.
El Consejo de Seguridad autorizó la semana pasada un despliegue policial en Burundi a pesar de la abstención de cuatro de los 15 miembros durante la votación. "Respecto al despliegue de fuerzas de seguridad en Burundi, el Gobierno ha de recordar al Consejo de Seguridad que todas las resoluciones tomadas deben ser aprobadas por el país donde se quieran aplicar las medidas, algo que no ha sucedido en esta ocasión, ha indicado el portavoz del Gobierno, Phillipe Nzobonariba.
"El Gobierno rechaza cualquier medida que esté relacionada con el envío de fuerzas de seguridad a territorio burundés, pues viola la soberanía del país, así como las principales normas establecidas entre los miembros de la ONU", ha añadido.
El embajador de Burundi ante la ONU, Albert Shingiro, ya había señalado que el país sólo aceptaría un máximo de 50 agentes desarmados. La ONU, por su parte, necesita la aprobación del Gobierno de Burundi para hacer efectivo el despliegue de policías.
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