El Constitucional de Rumanía ordena a Iohannis que cese a la fiscal jefe de la oficina anticorrupción

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha ordenado este miércoles al presidente del país, Klaus Iohannis, que cese a la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), Laura Codruta Kovesi.

Kovesi asumió el cargo en 2013 y, desde entonces, el número de condenas por corrupción ha aumentado drásticamente en el país, lo que ha sido aplaudido por la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el ministro de Justicia, Tudorel Toader, reclamó en febrero el cese de Kovesi argumentando que había excedido sus competencias y dañado la imagen internacional del país.

Iohannis rechazó la petición de Toader, lo que llevó al Gobierno a acudir al Constitucional para que se pronunciara sobre el caso, que ha derivado en un conflicto institucional.

En su fallo, el tribunal ha sostenido que el presidente "no dio argumentos legales" para oponerse al cese de Kovesi y ha recalcado que Iohannis no tiene autoridad constitucional para rechazar una solicitud legal iniciada desde el Ministerio de Justicia.

Inmediatamente después, el presidente del Senado, Calin Popescu-Tariceanu, ha dicho que el presidente debe proceder al cese inmediato de Kovesi, según ha recogido la agencia rumana de noticias Agerpres.

La DNA ha investigado a ministros, parlamentarios, magistrados, alcaldes y empresarios y ha desvelado numerosos casos de corrupción, fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.

En los últimos meses, miles de rumanos se han manifestado en la capital, Bucarest, y otras ciudades del país para protestar contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata y sus intentos de impulsar una reforma que minaría la independencia del sistema judicial.

Los socialdemócratas y su compañero de coalición, el partido ALDE, han utilizado su mayoría parlamentaria para impulsar una remodelación a gran escala del sistema judicial en Rumanía a pesar de las críticas recibidas por parte de la Comisión Europea, Estados Unidos, cientos de magistrados rumanos y del propio presidente del país.

Los intentos por parte del Gobierno de legalizar varios delitos de corrupción a través de decretos presidenciales de emergencia durante diciembre del año pasado ya motivaron las mayores protestas vistas en el país en décadas.

Los parlamentarios también han llegado a proponer una reforma del Código Penal que acabaría con algunos delitos y supondría penas más bajas para los cargos relacionados con la corrupción.

La Comisión Europea advirtió en enero a Rumanía por la falta de progresos para garantizar la independencia judicial en el país y para adoptar las reformas recomendadas por Bruselas hace más de dos meses, cuando publicó su último informe sobre esta cuestión.