La ONU y ONG exigen la protección de los afectados tras las jornadas más violentas registradas en la historia de la ex república soviética.
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La celebración mañana del referéndum para consolidar al Gobierno interino de Kirguistán que encabeza Rosa Otunbayeva tiene lugar en las postrimerías de los incidentes más sangrientos en la ex república soviética, un violentísimo brote de violencia interétnica que ha dejado una cifra oficial de 264 muertos pero que podría ser hasta diez veces mayor.
Las autoridades provisionales han asegurado que intentarán hacer todo lo posible para que las más de 100.000 familias que están regresando a sus hogares tras los enfrentamientos puedan participar en este plebiscito. Pero Amnistía Internacional ha denunciado que podría tratarse de un "retorno forzado" para proporcionar una falsa sensación de calma, y que en muchas zonas del país, particularmente Osh y Jalalabad, foco de los enfrentamientos que comenzaron el pasado 11 de junio entre kirguises y uzbekos.
Rusia y Estados Unidos, cada uno con sus intereses mutuos en la región, aguardan el resultado del plebiscito. Ambos países se han implicado con Otunbayeba sin reconocer oficialmente su mandato provisional, pero esperan que estos gravísimos disturbios no afecten al resto de la región, y sobre todo que las rutas de suministro de material a Afganistán que pasan por este país, junto con Turkmenistán y Kazajistán, no se vean alteradas por este conflicto.
De momento, se encuentra en Bishkek, la capital de Kirguistán, una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con el fin de ayudar a estabilizar la situación, según anunció una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores kirguís en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa RIA Novosti.
"El grupo policial de la OSCE llevará a cabo tres tareas principales: observar, realizar un control de supervisión y mantener consultas en el marco de un paquete de medidas aprobado por la Secretaría de la OSCE", explicó, y agregó que esta fuerza policial forma parte de los esfuerzos internacionales para "rehabilitar la región meridional del país".
El representante especial de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE para Asia Central, Kimmo Kiljunen, dijo ayer que las operaciones policiales internacionales pueden ser útiles en Kirguistán al hacer recomendaciones sobre cómo tratar de crear un "ambiente de confianza".
Kiljunen precisó que bastarán entre 50 y 100 agentes para mantener la seguridad y ayudar a escoltar a los refugiados que quieran volver a sus casas. Según la ONU, hasta 400.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia.
RETORNO FORZADO
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades uzbekas a que dejen de obligar a los refugiados a que regresen a su país porque el sur de Kirguistán sigue siendo una zona enormemente inestable, a pesar de que Otunbayeba garantiza el bienestar de los desplazados. La minoría uzbeka desplazada "no confía en las fuerzas de seguridad kirguisas, que demostrado ser incapaces de protegerles", según el comunicado remitido por la ONG. Más de 1.800 edificios de Osh "se encuentran totalmente destruidos", según revelan las imágenes por satélite recogidas por el Instituto de Naciones Unidas para la Investigación y el Desarrollo.
Pero según denuncia AI, gran parte de los refugiados han sido obligados a subir a varios autobuses para regresar a su país. "Muchos de nosotros no queremos volver porque tememos por nuestras vidas, pero no tenemos elección", explica un refugiado uzbeko a AI, cuya directora adjunta para Europa y Asia Central, Andrea Huber, "insta al Gobierno uzbeko a que no obligue o persuada a los refugiados a que regresen a sus hogares".
"El Gobierno interino kirguís parece estar animando a los refugiados a regresar para que procedan con su referéndum previsto en la constitución de mañana domingo", estima Huber. "Las autoridades no deberían poner en peligro las vidas de miles de personas a costa de conveniencias políticas", añadió.
Naciones Unidas comparte la misma preocupación. Todo aquél desplazado que regrese a Kirguistán, "debe hacerlo de manera informada y bajo condiciones de seguridad, voluntariedad y sostenibilidad", según indicó en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
REFERÉNDUM INEVITABLE
Otunbayeva ha reconocido los riesgos existentes a la hora de celebrar un plebiscito tan próximo a estos incidentes violentos. A su entender, el voto debe dar legitimidad a su Gobierno interino y cimentar el camino hacia la consolidación de la democracia en la ex república soviética.
"Entendemos muy bien los riesgos y dificultades de celebrar un referéndum en una zona de emergencia", declaró Otunbayeva en un discurso televisado, en el que advirtió de que "ciertas fuerzas están intentando descarrilar el plebiscito", en un momento "difícil y dramático". Con todo, asegura que "la adopción de una nueva constitución en Kirguistán significará el triunfo del pueblo sobre el autoritarismo y la inmoralidad y sentará las bases para la lucha contra la corrupción, la ilegalidad y la arbitrariedad judicial".
A tal efecto, la presidenta del Gobierno de transición ha prometido que "el toque de queda que todavía está en vigor será cancelado en todos los territorios donde se haya declarado el estado de emergencia".