Diez datos que tienes que saber para "romper la cadena de la corrupción"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

"La corrupción tiene consecuencias desastrosas en el desarrollo cuando los fondos que deben destinarse a las escuelas, las clínicas de salud y otros servicios públicos esenciales se desvían y se ponen en manos de delincuentes o de funcionarios deshonestos". Así de tajante se ha mostrado el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra en todo el mundo.

El lema escogido este año es el mismo que el de 2014: "Romper la cadena de la corrupción", de ahí que Ban haya hecho un llamamiento a "todo el mundo", tanto gobiernos, como sector privado como ciudadanos de a pie, a "poner fin a la pobreza y asegurar una vida digna para todos". "El mundo y su gente no pueden seguir permitiéndose, ni tolerando la corrupción", ha defendido, insistiendo en que la corrupción "exacerba la violencia y la inseguridad y puede conducir al descontento con las instituciones públicas, al desencanto con el gobierno en general y a espirales de ira y disturbios".

Desde 2005 está en vigor la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, si bien no todos los países la han ratificado --hay 164 estados parte de los más de 190 que integran la ONU--. Este documento es el único instrumento jurídico universal contra la corrupción y contiene normas que pueden aplicarse tanto al sector público como al privado.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, te contamos algunos datos sobre el impacto que este problema tiene tanto sobre el desarrollo económico como sobre el medio ambiente:

- Cada año se paga un billón de dólares en sobornos, según la Cámara de Comercio Internacional.

- Anualmente se roban unos 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, lo que supone más del 5 por ciento del PIB a nivel mundial, según el Banco Mundial.

- En los países en vías de desarrollo se calcula que debido a la corrupción se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la dedicada a ayuda oficial al desarrollo, según el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

- En los países desarrollados el fraude y el abuso en la atención sanitaria cuestan a cada gobierno entre 12.000 y 23.000 millones de dólares cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- Esta agencia de la ONU estima que hasta un 25 por ciento del gasto público en medicamentos puede perderse debido al fraude, el soborno y otras prácticas corruptas. Se estima que el gasto anual en productos farmacéuticos asciende a unos 50.000 millones de dólares y en algunos países el gasto farmacéutico representa hasta el 50 por ciento del gasto total en sanidad.

- El Foro Económico Mundial calcula que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios hasta en un 10 por ciento de promedio. Desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), subrayan que la corrupción actúa como una especie de impuesto oculto, un gasto indirecto ilegal que disuade a los inversores, lo que a su vez genera pérdidas de empleos y aleja el objetivo de acabar con la pobreza.

- La corrupción hace aumentar hasta en un 40 por ciento los costos de construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua, lo que hace que anualmente sean necesarios hasta 12.000 millones de dólares más para ofrecer agua potable y saneamiento, según el PNUD.

- En el sector de la educación también está muy presente la corrupción, según la UNODC. En primer lugar, en el fraude académico, muy extendido en algunos países, pero también en el despilfarro en la contratación tanto de profesionales como de edificios, con sobrecostos de mantenimiento ficticios por ejemplo.

- La corrupción también es especialmente recurrente en todo lo relativo a los recursos naturales, desde la extracción y gestión de hidrocarburos, pasando por el comercio ilegal de madera y el comercio ilícito de especies protegidas, lo que está acelerando en algunos casos su desaparición.

- En el sector público, genera una falta de respeto por los derechos que a su vez socava la democracia y en último término debilita a las instituciones públicas, según la UNODC. Igualmente, el desvío de fondos hace que estos no se dediquen a prestar los servicios necesarios de atención sanitaria, educación y otros.