Gobierno dice que el fiscal general habló a título personal al plantear penas alternativas para guerrilleros

BOGOTÁ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior colombiano, Yesid Reyes, ha terciado este domingo en la polémica suscitada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ha planteado que los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan cumplir penas alternativas en lugar de ir a prisión por los delitos que han cometido de llegarse a un acuerdo de paz, asegurando que habló a título personal y no es capítulo cerrado.

"La opinión del fiscal es persona y aislada", ha subrayado el ministro en declaraciones a Caracol Radio, defendiendo que se trata de un aspecto sobre el que tiene que haber "debate previo".

En opinión del ministro, "conclusiones" como las planteadas por el fiscal "sin hacer un debate previo puede generar más problemas que soluciones porque se genera una falsa expectativa que puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional".

No obstante, Reyes ha planteado sus dudas de que Montealegre hiciera sus declaraciones sin haber estudiado previamente el tema. "Yo no dudo de que el fiscal ha hecho una ponderación interna del tema antes de emitir las conclusiones pero creo que ese debate debe hacerse en público antes de anticipar un resultados", ha afirmado el ministro.

DECLARACIONES DE MONTEALEGRE

El jueves pasado, Montealegre planteó que los integrantes de las FARC puedan purgar sus penas por ejemplo retirando las minas que ellos mismos han colocado y no en prisión. "La pregunta es si Colombia podría crear un sistema de justicia alternativa que implique sustitución de la pena privativa de la libertad, más exactamente sustitución de penas privativas efectivas de la libertad por otro tipo de penas alternativas como el desminado", afirmó.

Tras reconocer que si hay un acuerdo de paz con las FARC -y por añadidura como cabe esperar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país-- los 10.000 guerrilleros que las integran no serían objeto de acción penal ni ahora ni en el futuro, incidió en que tampoco habría acciones penales contra los miembros de las fuerzas de seguridad. "Ese cierre no solo sería para la guerrilla, sino que incluirá a los miembros de la Fuerza Pública y los que han sido investigados y juzgados por paramilitarismo", precisó.

Respecto a las posibles temas, el ministro de Justicia ha considerado hoy que "uno de los temas que se pueden discutir desde el punto de vista interno es qué propósito deben cumplir las penas y cuando nosotros tengamos claro para que está hecha la pena entonces podremos decir que hay casos concretos en los que la pena tiene sentido ser aplicada o hay casos concretos en los que la pena no debe ser aplicada".

Así pues, ha remachado, "son entonces dos posiciones completamente distintas: la del fiscal, que ha anticipado conclusiones, y la del Gobierno, que pretende no anticipar esas conclusiones sino hacer previamente un debate".