Haiti aclara que "no está en guerra con República Dominicana"

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior y de las Colectividades Territoriales de Haití, David Bazile, ha aclarado este domingo que el país "no está en guerra con República Dominicana", en el marco de la escalada de tensión bilateral por el conflicto migratorio.

Sin embargo, ha admitido que la situación es tensa y ha confirmado que en las últimas semanas un haitiano ha muerto a manos de dominicanos, en represalia por la muerte de una pareja dominicana linchada por haitianos. Además, ha indicado que 384 haitianos han sido repatriados por el país vecino.

Estas declaraciones contradicen las realizadas el pasado viernes por el portavoz de la Presidencia de República Dominicana, Roberto Rodríguez Marchena. "No ha ocurrido ninguna muerte, ni acciones violentas, ni brotes de xenofobia contra la población haitiana, como se ha querido hacer ver", dijo.

Así, Bazile ha hecho un llamamiento a la calma, recordando que "hay cierta movilidad entre los dos pueblos". "Hay dominicanos que están en Haití en los proyectos de construcción, que no está nada mal si hay haitianos que trabajan en tierras vecinas", ha apuntado, según el diario haitiano 'Le Nouvelliste'.

POLÉMICA SENTENCIA

El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".

La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.

República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.

El Gobierno dominicano se enfrenta a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.

CRISIS DIPLOMÁTICA

En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.

"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Danilo Medina.

La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque el pasado jueves República Dominicana acusó a Haití de romper el esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.

El viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, explicó que "República Dominicana ha tomado esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a "priorizar el diálogo".

"En la reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada el pasado martes en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta", dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana en la organización regional.

REFORMA MIGRATORIA

En este contexto, el pasado viernes Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.

Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.

Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.