Justicia para dominicanos desnacionalizados en riesgo de ser expulsados a Haití

Antecedentes de la situación: la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de miles de personas

   MADRID, 25 Jun. (Por Valeria Méndez de Vigo, responsable Departamento Estudios e Incidencia de Entreculturas) -

   María José nació hace 32 años en el Ceibo, República Dominicana, hija de padre haitiano que llegó al país en 1969 para trabajar como bracero. Hace cinco años, tuvo que renovar su cédula de identidad. La mandaron a Santo Domingo y en la oficina, la funcionaria rompió su cédula de identidad. "Yo no sabía qué hacer, me quedé pasmada. Como una vaca. Sin documentos, ¿quién soy yo?"

   Allí comenzó su calvario, su muerte en vida. "Yo soy dominicana. No conozco Haití, no conozco a nadie allí. No sé creol. No puedo estudiar, no puedo sacar un seguro médico. Tengo miedo hasta de tener hijos, porque no quiero que ellos pasen por esto. Nos están matando".

   En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana despojó retroactivamente de su nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera (haitiana), como María José. Estas personas, nacidas en Dominicana, eran hijas o descendientes de inmigrantes haitianos que durante las décadas de los 60 y 70, llegaron al país a cortar la caña de azúcar y se instalaron en los bateyes (barrios de cortadores de caña).

   Pero el Tribunal Constitucional los desnacionalizó, alegando la situación "irregular" de sus progenitores. Las consecuencias para esta población fueron devastadoras: en Dominicana, sin cédula de identidad, no puedes estudiar en la universidad, suscribir un contrato de trabajo, inscribir en el Registro a tus hijos, casarte o viajar al extranjero, por poner sólo algunos ejemplos.

   También las consecuencias en la autoestima o en la identidad de las personas son muy impactantes. Como dice Ana María Belique, miembro del Centro Bonó, contraparte de Entreculturas: "Ser mujer indocumentada duele en lo más profundo del corazón".

   Las reacciones de gran parte de la sociedad civil organizada en el país, así como de las organizaciones de Derechos Humanos y de la comunidad internacional no se hicieron esperar, señalando la situación de apátrida en la que quedaban decenas de miles de personas y la grave vulneración de sus Derechos Humanos más elementales.

LA APROBACIÓN Y FRACASO DE LA LEY DE NATURALIZACIÓN. CONSECUENCIAS

   En mayo de 2014, el Gobierno dominicano quiso llegar a una solución y aprobó la Ley 169-14 sobre Régimen Especial y Naturalización. La ley distinguía dos categorías de personas afectadas: el grupo A, aquellas nacidas en Dominicana e inscritas en el Registro Civil, y el grupo B, las nacidas en el país, pero no inscritas.

   A las primeras se les reconocía la nacionalidad dominicana de manera automática. Las no inscritas debían pasar por un proceso  complejo de acreditación documental en un corto plazo de tres meses, posteriormente alargado en otros tres, que ya vencieron, definitivamente, el pasado 1 de febrero.

   Los resultados no han sido precisamente alentadores. Tal y como señalan las personas afectadas, agrupadas en torno a la Plataforma Dominican@s por Derecho y el Movimiento Reconoci.do, la puesta en práctica de la ley ha resultado un rotundo fracaso, porque de las 50.000 personas que podían acogerse al plan de naturalización, apenas 7.855 hicieron la solicitud.

   Ello se debe a trabas burocráticas, desinformaciones de los funcionarios, restricciones de horarios y escasez de oficinas habilitadas, entre otros factores. Los afectados lo resumen también en una falta de voluntad política de muchos sectores gubernamentales para llegar a una solución en este tema.

   Según la congresista Guadalupe Valdez, "si el Estado no encuentra salida a estas personas, van a quedar en apatridia. El Estado tiene la responsabilidad de encontrar una solución a esta situación porque son dominicanos nacidos en nuestro territorio".

   Mario Serrano, SJ, director de las obras sociales de la Compañía de Jesús, añade: "Aunque haya vencido el plazo, el derecho a la nacionalidad no puede prescribir. Es necesario arbitrar una solución justa que reconozca los Derechos Humanos".

LA AMENAZA DE LA EXPULSIÓN A HAITÍ

   Para complicar aún más las cosas, el año pasado el Gobierno dominicano puso en marcha un plan para la regularización de inmigrantes, en su mayoría haitianos, que concedía 18 meses para que extranjeros sin documentación con arraigo demostrable, pudieran optar a la residencia en el país. Se aplica, por tanto a personas extranjeras inmigrantes y finalizó el pasado 17 de junio. En los próximos meses, se esperan deportaciones masivas a Haití de aquellos inmigrantes haitianos que no se hayan podido regularizar.

   Pero además, las personas dominicanas de ascendencia haitiana corren grave riesgo de ser expulsadas junto con la población inmigrante. "Si te ven negro, ya tú eres haitiano". Pero ellas son dominicanas y, de ser expulsadas, lo serían a un país en el nunca han estado, ni les une más vínculo que el de un antepasado.

   Un país que no les va a acoger, tal y como ha señalado su presidente, Michel Martelly: "Haití está listo para recibir con dignidad a nuestros hermanos haitianos. Los ciudadanos dominicanos que pudieran ser deportados no son haitianos".

   Las organizaciones de afectados y las de Derechos Humanos exigen que se respetan los derechos fundamentales y las normas internacionales, en las deportaciones de las personas migrantes, con la posibilidad siempre de apelar las mismas y, respecto de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, que se establezcan mecanismos específicos para su detección y que se evite su expulsión por todos los medios.

   A medio plazo, el Gobierno dominicano debe restaurar la nacionalidad de aquellos que hayan sido arbitrariamente privados de ella. Decenas de miles de personas, como Maria José, siguen esperando y luchando para que se haga justicia.