La mesa de diálogo de Bolivia pacta una ley de garantías políticas y revisar la inmunidad del Ejército

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa de diálogo instaurada el sábado con la participación del Gobierno, organizaciones sociales y legisladores ha consensuado un proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos y también garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se haga por la vía constitucional y legal.

Además, la mesa de diálogo ha pactado renegociar el Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en su intervención contra las protestas contra.

La cita se prolongó hasta pasadas las 2.00 de la madrugada de este domingo y en ella ha participado la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, miembros de su gabiente, dirigentes del Pacto de Unidad, formado por organizaciones afines al MAS, la Central Obrera Boliviana, representantes de otros sectores, asambleístas y la mediación de la Iglesia y la ONU.

El proyecto se denomina "Ley para a Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano". El texto consensuado tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de "líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades", informa el diario boliviano 'Los Tiempos'.

También incluye un artículo que brinda garantías para que se juzgue a cargos públicos. "Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044", señala. Dicha Ley 044 y sus artículos mencionados marcan en qué situaciones pueden ser sometidos a proceso un presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto original del MAS pretendía incorporar explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no pudieran ser procesados en la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en el texto consensuado ya no se menciona a estas dos personas, sino sólo se limita a ratificar la Ley 044.

El proyecto consensuado también garantiza que asambleístas no serán hostigados y que ellos y los dirigentes sociales tendrán asegurado el ejercicio de sus derechos. Dichas personas, sus familiares y propiedades podrán tener servicios de seguridad tras una denuncia verbal.

La propuesta prevé además la puesta en libertad de los detenidos que no tengan acusaciones en su contra. También se investigará las muertes en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.

Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a antiguas autoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados. Se pactó también dar indemnización a familias de los fallecidos y que el Estado se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones posteriores al 21 de octubre.

DECRETO SUPREMO 4078

En cuanto al Decreto Supremo 4078, los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales han criticado que vulnera la normativa y da "carta blanca" a las Fuerzas Armadas para disparar contra las manifestaciones.

El Gobierno, mediante el Ministro de Defensa, ha defendido el decreto con el argumento de que se necesita de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad sobre todo de instalaciones como la Planta de Senkata y contrarrestar a presuntos grupos que estarían armados y con presencia de extranjeros.

A partir de la intervención del dirigente de los dirigentes petroleros, Rolando Borda, se planteó la posibilidad de que el Decreto sólo sea modificado, porque se necesita de seguridad para plantas y empresas estratégicas del Estado. Otros dirigentes aclararon que no se oponen a que las Fuerzas Armadas resguarden las plantas estratégicas frente a amenazas terroristas, sino que su interés es que los militares no estén en las calles.

Ante esa posibilidad y el respaldo de otros dirigentes, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, ha manifestado la disposición del Gobierno a realizar un Decreto modificado justamente para que las Fuerzas Armadas se limiten a garantizar la seguridad de las empresas estatales.

"Dispongamos lo siguiente: que se va abrogar el Decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación", ha indicado. También podrán custodiar la reparación del gasoducto que fue dañado en el trópico de Cochabamba.

La presidenta interina Áñez ha subrayado por su parte que el Ejército no ha salido a las calles por capricho, sino por el clamor y la extrema necesidad de la ciudadanía ante hechos de vandalismo.

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), se ha comprometido a que esta ley de garantías políticas será aprobada por el Legislativo. El objetivo de las organizaciones sociales es que se promulgue junto a la ley de nuevas elecciones a las 17.00 horas de este domingo, aunque Áñez ha advertido de que la primera norma --ya aprobada por las dos cámaras del Parlamento-- se promulgará a las 10.00 horas y la otra, después.