El ministro de Solidaridad Social afirma que Hermanos Musulmanes es ilegal y pide autorización para disolverlo

Hermanos Musulmanes se registró como organización no gubernamental el pasado mes de marzo para evitar ser ilegalizado

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Solidaridad Social de Egipto, Ahmed al Borai, ha afirmado este martes que Hermanos Musulmanes, registrada como organización no gubernamental desde marzo de 2013, no tiene capacidad legal, y la ha acusado de posesión de armas de fuego en su sede de El Cairo, según ha informado el diario 'Al Ahram'.

Al Borai, responsable del registro de asociaciones y ONG, se ha dirigido en repetidas ocasiones al líder de la asociación de Hermanos Musulmanes para exigirle una explicación, pero hasta ahora nunca ha recibido respuesta.

"Sé que hay mucha tensión en las calles de Egipto, y que la gente me está atacando por no ordenar la disolución de Hermanos Musulmanes como asociación", ha asegurado Al Borai, y ha añadido que para ello necesita una notificación de la federación de ONG.

"Tenemos que seguir la vía legal", ha asegurado. El ministro ha asegurado que la disolución de Hermanos Musulmanes sin una orden judicial reforzaría las acusaciones de las potencias occidentales contra el Gobierno provisional egipcio de querer liquidarlos.

Este lunes, la junta de comisionados estatales ha recomendado al Tribunal Administrativo que emita una orden para disolver la asociación. "Hermanos Musulmanes no se ha registrado como organización no gubernamental para llevar a cabo su papel de acuerdo con la ley y para servir a la nación. Sólo quería ayudar al régimen y al partido gobernante a mantener al presidente (Mohamed Mursi) en el poder", según el informe redactado tras la junta.

El registro de Hermanos Musulmanes como asociación el pasado mes de marzo levantó una fuerte polémica, ya que tuvo lugar poco después de que la junta recomendara al Tribunal Administrativo rechazar un recurso de Hermanos Musulmanes contra una decisión tomada en 1954 que declaraba la ilegalidad del grupo y ordenaba su disolución. Los expertos aseguran que la organización se saltó la ley 84/2002, que prohíbe a las ONG tomar parte en actividades políticas.