La ONU denuncia el "horror" de los centros de detención controlados por grupos armados en Libia

Las milicias, algunas de ellas vinculadas con las autoridades, operan con "total impunidad"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos armados en Libia, entre ellos varios vinculados a las autoridades, mantienen a miles de personas recluidas de forma arbitraria y sometidas al "puro horror" en centros de detención, según un informe de Naciones Unidas que denuncia casos de tortura y otras violaciones de los Derechos Humanos.

Desde la intensificación de los combates en 2014, los numerosos grupos armados que han tratado de sacar partido del caos en que ha quedado convertida Libia han perseguido a opositores, activistas, médicos, periodistas y políticos, en muchos casos con la esperanza de utilizarlos como moneda de cambio para futuros canjes o para reclamar el pago de un rescate.

También permanecen retenidas personas vinculadas a las revueltas armadas de 2011, en las que se derrocó al régimen de Muamar Gadafi, y muchas de ellas llevan seis años entre rejas sin cargos, juicio o sentencia, ha alertado este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que apenas percibe avances desde la firma del teórico acuerdo de reconciliación político de diciembre de 2015.

"El informe expone no sólo los espantosos abusos y violaciones sufridos por los libios privados de libertad, sino el puro horror y la arbitrariedad de estas detenciones, tanto para las víctimas como para sus familias", ha afirmado el Alto Comisionado, Zeid Raad al Hussein. "Estas violaciones y abusos tienen que parar y los responsables de crímenes deben rendir cuentas", ha advertido.

El estudio, elaborado en colaboración con la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), denuncia la "total impunidad" con la que actúan grupos armados responsables de que "hombres, mujeres y niños de toda Libia hayan sido detenidos de forma arbitraria o privados ilegalmente de su libertad por sus vínculos tribales o familiares y su supuesta filiación política".

Los sucesivos gobiernos libios, en lugar de "controlar" a los grupos e integrarlos bajo un mando común, han dejado gran parte de la responsabilidad relativa a la seguridad en manos de estas milicias e incluso les han pagado sueldos o proporcionado armas para que sigan desarrollando una labor que tiene entre sus exponentes más atroces los centros de detención.

En ellos, según la oficina del Alto Comisionado, la tortura es "endémica" y se suceden todo tipo de abusos. En la base área de Mitiga, en Trípoli, unas 2.600 personas --entre ellas niños-- permanecen al margen de cualquier supervisión, en su mayoría sin acceso a autoridades judiciales, mientras que en la cárcel de Kuweifita, la mayor del este del país, se acumularían ya unos 1.800 internos.

La ONU, sin embargo, ha reconocido la dificultad de examinar un escenario del que apenas existen datos oficiales, de tal forma que es imposible conocer oficialmente los detalles de las instalaciones controladas por los ministerios de Interior y Defensa o por los grupos armados. En octubre de 2017 habría unas 6.500 personas en cárceles oficiales vigiladas por la Policía Judicial, dependiente de Justicia.

EN TIERRA DE NADIE

El contacto con el exterior se termina para muchos de los detenidos con su arresto, hasta el punto de que los familiares recorren distintas instalaciones, reclaman información a todo tipo de autoridades y hablan con otras familias en busca de personas a las que llegan a perder la pista incluso durante años.

El Alto Comisionado también ha constatado que existen serios indicios de que se han producido fallecimientos bajo custodia. Los cuerpos de los fallecidos han llegado a aparecer tirados en calles, hospitales o vertederos, "muchos de ellos con miembros amputados y marcas de tortura y heridas de bala", según el comunicado de la oficina de Zeid.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha reclamado una "acción urgente" a las autoridades libias ante los abusos que han quedado constatados en el informe y ha pedido también que esta respuesta incluya tanto reparaciones para las víctimas como garantías de que los delitos que se estarían cometiendo no se repiten de nuevo.

"Como primer paso, los actores estatales y no estatales que efectivamente controlan el territorio y ejercen funciones similares a las de un gobierno deben liberar a quienes han sido detenidos de forma arbitraria o privados ilegalmente de su libertad", así como trasladarlos a cárceles "oficiales" bajo control "exclusivo" del Gobierno central, ha advertido el Alto Comisionado.

Además, ha instado a las autoridades a condenar pública e inequívocamente la tortura, los malos tratos y las ejecuciones sumarias de los detenidos, así como a perseguir a quienes hayan podido cometer abusos. No hacerlo, ha advertido, "añadirá un sufrimiento adicional a miles de detenidos y sus familias y provocará más muertes" y lastrará cualquier esfuerzo hacia la "estabilización" y la "reconciliación" del país magrebí.