La oposición de Burundi pide al Tribunal Constitucional que anule los resultados del referéndum

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición opositora de Burundi ha presentado este jueves una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que anule los resultados del referéndum celebrado la semana pasada en el país y ha reiterado sus denuncias de fraude.

Pierre Célestin Ndikumana, presidente del grupo parlamentario de la coalición Amizero, ha confirmado tras entregar la solicitud que se ha reclamado al Constitucional que "invalide" los resultados del referéndum.

Asimismo, ha recalcado que la campaña electoral estuvo marcada por "intimidaciones y arrestos" de opositores y ha manifestado que la votación no fue secreta, según ha informado el portal local de noticias Iwacu.

Según los resultados oficiales, anunciados el lunes, el 73 por ciento de los burundeses votó a favor de cambiar la Constitución para ampliar los mandatos presidenciales, lo que abriría la puerta al mandatario, Pierre Nkurunziza, a permanecer en el poder hasta 2034.

De esta forma, el 73,26 por ciento se ha decantado por el 'sí' a la reforma constitucional, mientras que el 19,34 por ciento ha votado en contra. La participación se ha situado en el 96,24 por ciento.

La oposición había adelantado que no reconocería el resultado. "No podemos reconocerlos porque son resultados que han sido manipulados", declaró el domingo Ndikumana a la emisora RFI, presidente.

El vicepresidente del país, Gaston Sindimwo, salió al paso de estas acusaciones. "Es mentira", aseguró en declaraciones a RFI, destacando que la población "respondió de forma masiva al referéndum".

"No hay forma de encontrar pretextos", defendió el vicepresidente, antes de instar a la oposición a "reunir pruebas" de lo contrario y presentarlas ante el órgano encargado de los contenciosos electorales.

CRISIS POLÍTICA DESDE 2015

La votación es la culminación de un proceso que comenzó en 2015, cuando Nkurunziza anunció su decisión de optar a un tercer mandato. Sus detractores denunciaron entonces que el Acuerdo de Arusha, que puso fin a la guerra civil en 2000, y la Constitución de 2005 que surgió del mismo limitaban a dos los mandatos, pero el Tribunal Constitucional acabó dándole la razón y el mandatario se impuso en los comicios, boicoteados por la oposición.

Con su decisión, Nkurunziza abrió una crisis política que se mantiene hasta la fecha y desencadenó una ola de violencia y represión que aún no ha cesado. De hecho, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado al menos 15 asesinatos y otros abusos durante la campaña electoral para el referéndum por parte de las fuerzas de seguridad y de los miembros de las juventudes del partido gobernante, los Imbonerakure.

El principal cambio refrendado por los votantes, y el más criticado por la oposición y la comunidad internacional, es el que contempla ampliar de cinco a siete los años del mandato presidencial, lo que pondría a cero el contador para Nkurunziza, en el poder desde 2005. Con ello, podría buscar su reelección en 2020 y de nuevo en 2027, por lo que no tendría que dejar el cargo hasta 2034. Pero además, de prosperar las enmiendas, Nkurunziza podría regresar a la Presidencia en 2041, puesto que el nuevo texto solo impide gozar de más de dos mandatos sucesivos, pero no dice nada de que no sean consecutivos.

Otra de las enmiendas que ha generado más inquietud es la relativa a que para sacar adelante una ley desde ahora será necesaria la mayoría absoluta y no de dos tercios. Este último punto preocupa por el hecho de que el Parlamento está compuesto en un 60 por ciento por hutus y en un 40 por ciento por tutsis, lo que facilitará al partido del presidente --un antiguo líder rebelde hutu--, el Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia- Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), la adopción de leyes sin contar con la minoría tutsi.

En este mismo sentido, hasta ahora estaba previsto que el presidente contara con dos vicepresidentes que debían proceder de grupos étnicos y partidos distintos. Con los cambios propuestos, se crea la figura de primer ministro y no se prohíbe que sea del mismo partido --y por ende grupo étnico-- que el presidente, además de suprimirse uno de los puestos de vicepresidente.