El partido de Uribe presenta un sistema de Justicia alternativo al pactado en La Habana

BOGOTÁ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido político del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, Centro Democrático (CD), ha presentado este martes un proyecto de reforma a la Constitución para que se cree un sistema judicial alternativo al que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acordado en el marco de las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana (Cuba).

Según ha informado Caracol Radio, este proyecto pretende dirigirse a los miembros de las fuerzas militares y los integrantes de la sociedad civil que hayan cometido delitos durante el conflicto armado. Redactado por el senador Alfredo Rangel, el texto no equipara a las Fuerzas Armadas con las guerrillas como, según viene denunciando desde hace tiempo el 'uribismo', sí lo hace la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"Este tribunal es un alivio judicial y el principio para recuperar la motivación de las tropas", ha señalado Uribe. Rangel ha explicado que sería un órgano "totalmente independiente" y que su objetivo sería ofrecer beneficios a civiles y soldados. Así, ha indicado que impondría sanciones de "hasta cinco años de prisión" y excarcelaría a los que hayan cumplido "la quinta parte" de sus condenas.

Uribe, abiertamente contrario al proceso de paz liderado por la parte del Gobierno por el presidente, Juan Manuel Santos, ha sido un férreo crítico hacia la JEP, la que considera que iguala "las responsabilidades de los comandantes institucionales con las de los cabecillas criminales".

El exmandatario colombiano, otrora mentor político de Santos --su sucesor en la Presidencia de Colombia y ex ministro de Defensa--, sostiene que este acuerdo ofrece "impunidad" a los líderes de la guerrilla y "quita a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición".

"Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de ir a la cárcel", ha reprochado en el pasado.

El acuerdo suscrito por el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.