El PCCh prohíbe a sus altos cargos usar fondos públicos para hacer turismo

PEKÍN 3 Ene. (Reuters/EP) -

El Partido Comunista de China (PCCh) ha prohibido a los miembros del Gobierno utilizar fondos públicos para hacer turismo con el pretexto de asistir a cursos de formación, según ha informado este viernes el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Esta medida, dentro del paquete de reformas cuyo objetivo es acabar con la corrupción en el país, obliga a los altos cargos del partido a presentar de forma clara la lista de gastos para "limitar el entretenimiento y el turismo", y prohíbe las reservas "suites de hotel de lujo".

Asimismo, esta reforma prevé la prohibición de "distribución artículos de tocador adicionales" (a los dispuestos inicialmente), aunque sin ninguna explicación, lo que podría hacer referencia al abastecimiento de los miembros del Gobierno de los artículos de hotel.

Esta nueva normativa es la primera que se aplicará en los programas de formación a nivel nacional de duración inferior a tres meses, según el comunicado del Ministerio.

La sociedad china ha manifestado en repetidas ocasiones su descontento con el ostentoso comportamiento de los altos cargos del Gobierno, tanto en sus funciones habituales como en sus viajes oficiales, financiados por el erario público.

El pasado mes de octubre, durante una semana de fiesta nacional, varios altos cargos fueron descubiertos en la provincia de Jiangsu, en el este del país, pasando unas vacaciones en un 'bed and breakfast' rural pagado con fondos públicos, según los medios estatales.

PAQUETE DE REFORMAS

La semana pasada, el Gobierno chino hizo pública otra reforma por la que se prohíben los vuelos chárter así como los traslados, tanto en aviones privados como corporativos, a todos los altos cargos del Ejecutivo que viajen al extranjero por cuestiones de negocios.

Desde que tomó las riendas del Partido Comunista Chino (PCCh) en noviembre de 2012, y del Gobierno en marzo, el presidente, Xi Jinping, se ha comprometido a acabar con la corrupción, que ha definido como una amenaza a la supervivencia del propio partido.

El Gobierno busca con esta ofensiva persuadir la ira social hacia los generalizados casos de corrupción y el extravagante comportamiento de algunos de los altos cargos del partido.