PEKÍN, 14 Oct. (Reuters/EP) -
El Gobierno chino ha criticado este lunes la decisión de la Audiencia Nacional española de imputar por genocidio en Tíbet al expresidente Hu Jintao y ha considerado que esta decisión supone una "injerencia en asuntos internos" del país asiático.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional imputó el jueves pasado a Hu Jintao por el genocidio perpetrado en el Tíbet en los últimos 50 años al considerar que su cargo de secretario general del Comité del Partido Comunista en el Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería "la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población".
Hu Jintao abandonó la secretaría del Partido Comunista chino (PCCh) en noviembre de 2012 y en marzo de este año dejó su cargo como presidente del país.
"Nos oponemos firmemente a que cualquier país o persona intente usar esta cuestión (Tíbet) para interferir en los asuntos internos de China", ha señalado este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.
Según Hua, el grupo que presentó la denuncia en España --el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la Asociación Thubten Wangcheg Sherpa-- está tratando de dañar "las extremadamente amistosas" relaciones entre China y España.
"El objetivo del grupo tibetano es extremadamente obvio y sus motivos políticos son siniestros: destruir las relaciones entre China y el país pertinente y atacar al Gobierno chino", ha añadido la portavoz.
EL AUTO
En su auto, la Sección Cuarta precisa que el papel de Hu en los hechos no implicaba "una participación directa en el acoso al pueblo y la nación tibetana". En la causa, que investiga el juez central de Instrucción número 2 Ismael Moreno, está también imputado otro expresidente, Jiang Zemin y seis dirigentes chinos.
El auto describe el genocidio tibetano y asegura que las autoridades chinas llevaron a cabo durante aquellos años acciones destinadas a "eliminar la idiosincrasia y existencia del país" a través de la imposición de la ley marcial.
Entre las prácticas habituales chinas en el Tíbet los magistrados describen los desplazamientos forzosos de población y la "eliminación paulatina de la población autóctona".
La Sección Cuarta precisa, además, que la investigación encaja en las competencias de la Audiencia Nacional porque una de las víctimas tiene nacionalidad española. Agrega que no existe constancia de "que las autoridades chinas hayan iniciado ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella".
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