VALENCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del autoproclamado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, Severo Moto, ha aceptado cumplir medio año de prisión por intentar enviar en el año 2008 armas de guerra desde el Puerto de Sagunto (Valencia) hasta su país natal, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Moto tuvo que presentarse este lunes, junto a otros tres acusados, en el juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, donde se les iba a juzgar por el presunto envío de armas a Guinea Ecuatorial. Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para cada uno de ellos la pena de dos años de prisión --según publica el diario 'Las Provincias'--, pero finalmente se llegó a un acuerdo por el que aceptaron seis meses de prisión, con los que se evita su ingreso en la cárcel.
En concreto, los cuatro procesados han aceptado seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, tras aplicarles la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa comenzó en el año 2008, según han señalado a Europa Press fuentes de Fiscalía.
Severo Moto fue detenido el 14 de abril de 2008 en la localidad toledana de Fuensalida por su supuesta relación con el hallazgo de la Policía, el 6 de marzo del mismo año en el Puerto de Sagunto, de dos fusiles, una pistola y munición en el maletero de un coche de desguace sin matricular que iba a ser transportado por barco hasta Malabo.
Junto a Moto, fueron detenidos el empresario catalán Francisco Javier Roselló, quien prestaba ayuda financiera a Moto; el ciudadano guineano Damián Motu Ngema, conocido como 'Muti', quien trabajaba como chófer para el presidente ecuatoguineano en el exilio; y Antonio María Nogués, quien compró las armas, según informó en su día la Policía.
Por estos hechos, Severo Moto fue enviado a prisión al considerar el magistrado que las conversaciones que mantuvo con otros imputados constituyeron "motivos suficientes" para tomar esta medida. Su salida de prisión fue posible en agosto del mismo año, después de que el juez Santiago Pedraz, en sustitución de Fernando Andreu, y a instancias de un recurso de reforma del auto de prisión, impusiera una fianza de 10.000 euros.
Severo Moto, en su primera comparecencia desde que fue puesto en libertad bajo fianza de prisión, reiteró que su detención se debió exclusivamente a "motivos políticos" y a que los servicios secretos españoles le "tendieron una trampa" a alguno de sus colaboradores.
Aunque inicialmente el caso se tramitó en la Audiencia Nacional, finalmente, por cuestiones de competencia, se derivó el asunto a los juzgados de Valencia, donde este lunes se celebró una vista que acabó con una conformidad de seis meses de cárcel.