TPIY.- Multan a una ex portavoz del TPIY por revelar documentos secretos sobre la implicación serbia en la guerra de Bosnia

LONDRES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Florence Hartmann, que fue durante seis años portavoz del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), fue condenada hoy por el propio TPIY a pagar una multa de 7.000 euros por desacato al tribunal en relación con la revelación de la existencia de documentos confidenciales sobre la implicación del Gobierno serbio en la guerra de Bosnia de la década de los años 90.

Los documentos, de los que Hartmann habló en un libro y un artículo, fueron luego entregados por el Gobierno serbio para el juicio contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic. El TPIY determinó que tenía derecho a evitar que se filtrase el contenido de los documentos y que Hartmann, como empleada permanente del tribunal, era plenamente consciente de las normas y procedimientos del mismo.

"Es necesario disuadir a la acusada y a cualquier persona de que revelen información confidencial en el futuro", afirmó el presidente del tribunal, Bakone Moloto, citado por la cadena británica BBC. Aunque nunca se ha dado a conocer el contenido concreto de los documentos, se cree que detallan los contactos entre el Ejecutivo serbio y el Ejército serbobosnio.

La ex portavoz del TPIY aseguró que los documentos podrían demostrar la relación entre Belgrado y los crímenes de guerra que se cometieron en Bosnia, sobre todo en la masacre de hasta 8.000 hombres y niños musulmanes en la localidad bosnia de Srebrenica en 1995. A su juicio, deberían haber estado disponibles en el juicio de la Corte Internacional de Justicia en el que Bosnia intentó en vano que se condenase a Serbia por genocidio.

Quienes han criticado el juicio contra Hartmann, periodista francesa, opinan que esos documentos nunca deberían haber sido confidenciales. Sus abogados han indicado que, antes que ella, otros periodistas habían hablado de los mismos y que la finalidad de este juicio es sentar un precedente. Hartmann podría haber sido condenada un máximo de siete años de prisión o una multa de más de 103.000 euros.