MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, indicó hoy que España está a favor de que la Unión Europea aumente su aportación de 75.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI) para competir la crisis global e igualmente está "dispuesta" a participar "de forma equitativa" en la financiación adicional.
López Garrido se pronunció de este modo ante la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso, en la que presentó los temas a tratar en el Consejo Europeo del jueves y el viernes en Bruselas, en la que las cuestiones económicas y financieras ocuparán buena parte del atención de los jefes de Estado y de Gobierno.
Según explicó, el Gobierno español quiere "que se aumente con toda claridad la aportación de Europa al FMI". En este sentido, López Garrido recordó que esta cuestión ya se planteó, "aunque no se concretó realmente, como compromiso de la cumbre del G-20 de abril" celebrada en Londres.
"Lo que nosotros queremos que haga este Consejo Europeo es que se sobrepase esta cifra de 75.000 millones de euros y que los estados miembros aporten una financiación adicional a través de los llamados nuevos mecanismos de préstamo y con unas cargas financieras que deben ser lógicamente equitativas", indicó. Así las cosas, precisó que "España desde luego está dispuesta a participar en ese esfuerzo financiero, de una forma equitativa".
Por otra parte, el secretario de Estado hizo especial hincapié en el problema del desempleo. A este respecto, alabó la comunicación de la Comisión Europea de este mes en base a los acuerdos alcanzados en la cumbre de Praga en la que se fijan "tres prioridades" y establece medidas con respecto a ellas.
Las prioridades fijadas por la CE son "el mantenimiento de los empleos, creación de nuevos puestos y promoción de la movilidad", "actualización de las competencias profesionales y la especialización, aprendizaje y reciclaje" y "facilitación del acceso al empleo", indicó el secretario de Estado, que aclaró que "el Consejo previsiblemente" apoyará esta propuesta de Bruselas.
Sin embargo, según López Garrido, el borrador de conclusiones a este respecto que hizo circular ayer la presidencia checa es "insuficiente". "Nosotros creemos que se tiene que reforzar, que enfatizar mucho más las conclusiones del Consejo Europeo" y por ello, el Gobierno español ha solicitado que haya "un reforzamiento de los objetivos, de las medidas encaminadas a la protección del empleo, a la creación de nuevos empleos y a la facilitación del acceso al empleo".
PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también revisarán el plan europeo de recuperación económica, señaló el secretario de Estado y harán "balance" de las medidas adoptadas hasta ahora. El Gobierno español, añadió, valora "positivamente la estrategia europea" en materia financiera y entiende que la situación actual "no está exenta de riesgos".
Por tanto, añadió, hay que permanecer "alerta y abrir la posibilidad de nuevas intervenciones si existieran dificultades o se mantuvieran demasiado tiempo las dificultades del sector financiero". En cuanto al sector bancario, dijo, "España defiende inequívocamente respetar los principios del mercado interior y de la libre competencia". "No es ninguna salida cualquier política de orientación proteccionista", opinó.
En cuanto al nuevo sistema comunitario de supervisión financiera, el Consejo Europeo tendrá que adoptar "unas primeras decisiones" sobre la creación de un nuevo marco de supervisión financiera a nivel europeo". A este respecto hay dos propuestas concretas, la creación de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que España apoya presida el presidente del Banco Central Europeo, y un sistema europeo de supervisión compuesto por "tres nuevas autoridades de supervisión" para la banca, los valores y los seguros.
Así las cosas, los Veintisiete debatirán estas propuestas y pedirán a la Comisión Europea que formule "medidas" durante la presidencia sueca en el segundo semestre que terminarían siendo aprobadas en 2010, probablemente durante la presidencia española. Este calendario no agradó al PP, cuyo diputado Juan Manuel Albendea quien denunció la "demora" en la aprobación de todas estas medidas en una "situación de crisis tan grave".
En el próximo Consejo Europeo, según López Garrido, también se hablará de cambio climático y desarrollo sostenible, principalmente con vistas a la cumbre de Copenhague sobre esta cuestión del próximo noviembre, así como sobre el problema de la inmigración ilegal, cuestión esta última que se ha introducido en esta ocasión a petición de los países del Mediterráneo Oriental como Malta, Italia, Grecia y Chipre, que piden "solidaridad" a los socios comunitarios a la hora de soportar la carga que supone la llegada de inmigrantes a su territorio y su integración.