Venezuela.- ONU y OEA preocupadas porque las acciones del Gobierno contra los medios limitan la libertad de expresión

GINEBRA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron hoy su "preocupación" por que las recientes declaraciones del Gobierno venezolano en contra de la cadena Globovisión y de otros medios privados "generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión" en ese país.

El relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero, lamentaron que "las altas autoridades" venezolanas hayan acusado a Globovisión "de acudir al 'terrorismo' y al 'discurso de odio' con 'fines desestabilizadores'", por haber informado de un terrorismo antes que los organismos oficiales.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha criticado duramente a Globovisión de haber "aterrorizado" a los venezolanos informando sobre el seísmo que sacudió a Caracas el pasado 4 de mayo antes que las instituciones oficiales y ha pedido cerrar esa cadena, de fuerte oposición a su Gobierno.

Ante esta situación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedimiento administrativo contra el canal por considerar que la información sobre el movimiento telúrico podría "generar alarma, temor, zozobra o pánico entre la población". Esta es la tercera investigación que se inicia en contra de Globovisión en los últimos meses, la cual podría culminar en la revocatoria de los permisos de transmisión.

La ONU y la OEA hicieron un llamamiento al Gobierno de Chávez "a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión" y a "proteger de manera adecuada las garantías internacionales en los procesos que se adelantan contra los medios de comunicación privados y, en este caso, contra Globovisión", señala un comunicado divulgado este viernes.

Asimismo, los relatores de ambos organismos recordaron que los Estados deben "garantizar" que este tipo de procesos administrativos "no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio", que su obligación es "respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación".

La Rue y Botero subrayaron que los funcionarios que ocupan "las más altas posiciones del Estado tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones", así como "promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones".