LIMA, 18 May. (EUROPA PRESS/Emilio López) -
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado por zanjado el malentendido con Italia por unas declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en las que, preguntada por el decreto sobre inmigración que aprobará el Gobierno italiano la próxima semana, contestó que el Ejecutivo "no comparte la política de expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos".
Así lo aseguró Zapatero ayer en una rueda de prensa en la V Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en la que consideró que lo ocurrido "no ha llegado a la categoría de incidente" y precisó que todo ha sido aclarado tras las conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con su homólogo italiano, Franco Frattini, y del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, con el embajador italiano, Pasquale Terracciano.
Sin embargo, negó haber conversado sobre este asunto con el ministro Frattini, con quien coincidió esta mañana en las sesiones de trabajo de la cumbre. "Nos saludamos y le felicité por su elección como ministro", precisó Zapatero, a pesar de que fuentes de la delegación italiana que se encuentra en Lima habían asegurado a los medios que sí intercambiaron algunas palabras sobre este "malentendido". Zapatero destacó que las aclaraciones "han tardado poco tiempo en llegar" y que la relación con el Gobierno italiano es "muy buena".
Fuentes gubernamentales españolas explicaron que López Garrido llamó por teléfono al embajador Terracciano para aclarar el malentendido, y que éste se sintió "muy satisfecho". En esa conversación, por iniciativa del secretario de Estado, le comunicó, por una parte, que para España son "inaceptables" los ataques "racistas y xenófobos" ocurridos en Nápoles, y que por otra, la posición de España en materia migratoria está basada en criterios de ordenación y legalidad, tanto para los inmigrantes legales como los que se encuentran en situación irregular, y que España es partidaria de que haya una política europea común sobre inmigración.