Un 60% de los canarios con derecho reconocido no tiene aprobado el servicio o prestación por dependencia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 60 por ciento de los canarios con derecho reconocido por dependencia no tiene aún aprobado el servicio o la prestación que le corresponde, según informa en un comunicado el Observatorio de Dependencia, quien en su VI Dictamen (diciembre 2010) apunta que la media nacional de personas que se encuentran en el "limbo" de estas ayudas se sitúa en el 27 por ciento.

"Con los datos oficiales a fecha 1 de diciembre de 2010, 234.463 personas --en toda España-- se encuentran en lo que denominamos limbo de la dependencia, lo que evidencia que desde el anterior dictamen (junio 2010) no solo no se ha reducido este limbo sino que incluso ha aumentando ligeramente (en junio de 2010 eran 228.348 personas). Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones", explicó el Observatorio.

De esta manera, señaló que esta constatación es especialmente preocupante porque 2010 ha sido un "año valle", ya que no se han incorporado al Sistema nuevos grados o niveles, por lo que cabía esperar que hubiera sido la oportunidad para reducir este limbo, lo que no ha ocurrido.

Así, cuando en enero de 2011 se incorporen al Sistema los dependientes moderados, "todo parece presagiar que el número de personas con derecho que estarán pendientes de recibir la correspondiente prestación o servicio (limbo de la dependencia) será mucho más elevado todavía, superando ampliamente el cuarto de millón de personas".

"Algo --añadió-- muy preocupante cuanto que muchas de estas personas, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho".

NOTA DE CANARIAS: 0,5

Por su parte, la aplicación de la Escala evidencia algunos cambios en el ranking de CCAA. Así al finalizar 2010, 4 CCAA destacan en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia: Castilla-La Mancha, Castilla y León (ambas con 9 puntos), País Vasco y Aragón (con 8,5 puntos).

Por el contrario, se mantiene invariable el "empecinamiento" de 3 CCAA en no aplicar las prestaciones y servicios que esta Ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de "desprotección" frente al resto en una materia de protección social tan básica. Estas Comunidades son Canarias (0,5 puntos), Madrid y Comunidad Valenciana, ambas con 2 puntos sobre 10.

En el resto destaca el descenso de alguna Comunidad, como es el caso de Andalucía, que tras venir ocupando los primeros lugares del ranking, cae en este momento a una discreta puntuación de 7,5 puntos, o Asturias, que suspende por primera vez en la aplicación de esta escala (4 puntos). Además, hay un grupo de aprobados por primera vez, que son Extremadura y Murcia, (ambas con 5 puntos).

A nivel general continúa registrándose una mejora en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 4,97 puntos (enero 2010) a 5,44 (junio 2010) y 5,6 puntos en diciembre de 2010.

CANARIAS: 32 EUROS POR HABITANTE EN DEPENDENCIA

Finalmente, el Observatorio ha conocido y analizado un detallado informe sobre financiación del Sistema, presentado por uno de sus miembros, Luis Barriga, que pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34%) y las Comunidades Autónomas (52%) y el resto los propios usuarios mediante el copago (14%) en el coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas. Evidencia también los graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras Comunidades.

Así, mientras que en La Rioja las Administraciones Públicas gastan en 2010 183 euros por habitante en atención a la Dependencia, en Canarias este gasto es más de 5 veces menor, con solo 32 euros (la media estatal es de 102).

"Tras estos datos está, sin duda, la extraordinaria diferencia entre el número de personas atendidas, y también el contenido e intensidad de las prestaciones o servicios que reciben", concluyó el Observatorio.